Más periodistas y letrados que afectados en primer sesión juicio Gescartera

(incluye datos de la sesión de la tarde)

Madrid, 17 sep (EFECOM).- Las instalaciones de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo, que acogen desde hoy el juicio oral del caso Gescartera, han sido testigos de como un ejercito de cámaras hacían guardia a sus puertas mientras más de 50 letrados acudían a la sesión junto a menos de una docena de afectados.

A pesar de que el escándalo financiero afecta teóricamente a más de 4.000 inversores y decide sobre una responsabilidad patrimonial superior a 50 millones de euros, sólo una decena de afectados se acercó a la sala y su presencia quedó eclipsada por las docenas de togas y periodistas que se agolparon en los pasillos.

El que sí volvió a ser centro de atención fue el principal imputado, Antonio Camacho, que sentado en el banquillo de los acusados apareció menos moreno de lo habitual en él, con traje azul, camisa clara y corbata oscura.

Ni Camacho ni los otros trece imputados comenzarán a declarar previsiblemente hasta el lunes que viene, aunque el fundador de la agencia de valores tuvo que escuchar hoy a algunos de los afectados, cuando en el receso decretado por la jueza aprovecharon para decirle que su "avaricia" había provocado esta situación.

Antes del comienzo del juicio y de que ocupasen sus asientos, ubicados junto a las mesas de los más de 40 letrados representantes de más de un centenar de acusaciones, algunos inversores se aproximaron tímidamente a los periodistas para explicar cómo habían confiado en una sociedad de inversión y cómo sus ahorros se habían evaporado, de la noche a la mañana, un 14 de junio de 2001.

A pesar de que el presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, hizo algún paralelismo con este caso y los de Fórum-Afinsa y Arte y Naturaleza, el protagonismo y movilización que han tomado, por lo menos hasta ahora, los afectados de uno y otro caso no tiene comparación.

Quienes se acercaron hoy a la Casa de Campo vieron como los letrados explicaban a la juez Carmen González Pastor si tenían pruebas nuevas y a quien representaban, ya que se trata de más de 100 acusaciones de todo tipo y condición.

Entre éstas se encuentran la Abogacía del Estado, en representación de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa), colegios de ingenieros técnicos topográficos y de minas, organizaciones de discapacitados, órdenes religiosas, el Arzobispado de Valladolid, empresas, fundaciones y asociaciones de consumidores.

Algunos de los abogados necesitaron más tiempo de lo habitual en estos casos para explicar el nombre de sus representados, como sucedió con Andrés Vilacoba, quien actúa en defensa de los intereses de la ordenación filipense misioneras de enseñanza, la provincia de San Agustín de la congregación de agustinas misioneras y de la corporación agustiniana del santísimo nombre de Jesús de España de la Orden de San Agustín.

Entre las organizaciones en defensa de los consumidores figuran como acusación Adicae y la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y afectados como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones (Fogain) o la Fundación ONCE.

También se encuentran representados en la acusación cinco diputados del PP, entre los que se encuentran Vicente Martínez-Pujalte y el antiguo presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, todos ellos miembros de la Comisión de Investigación que se abrió en el Congreso para analizar el caso.

En las diligencias previas también se habían personado los diputados socialistas Antonio Cuevas, Juan Fernando López Aguilar, María Teresa Costa y Angel Martínez Sanjuán, si bien abandonaron esta acusación popular en 2004.

Por su parte, las defensas, además de esgrimir argumentos jurídicos sobre el modo en el que se ha efectuado la instrucción y pedir que antiguos responsables de la CNMV también comparezcan, solicitaron a la juez que los acusado de partícipes a título lucrativo no tuvieran que acudir a todas las sesiones, al tratarse de personas con obligaciones laborales y personales y no haber participado en la presunta trama.

Además, la defensa de la mujer de Camacho, Laura García Morey, pidió que pudiera excusarse de las sesiones para cuidar a sus dos hijas (María y Elena Camacho García Morey).

Asimismo la ex presidenta de Gescartera Pilar Giménez Reyna aportó un certificado médico sobre el daño psicológico sufrido por la instrucción de la causa, mientras que la madre de Camacho, Pilar Friaza, no pudo asistir por depresión y será excusada.

Lo que está claro es que Camacho ha querido huir hoy de la imagen de financiero adinerado que había transmitido en otras ocasiones y, como ejemplo de los nuevos tiempos a los que se enfrenta, abandonó la Casa de Campo en un monovolumen de gama media.

Según explicó la juez a los acusados, letrados y afectados, se prevé que el juicio termine, si todo rueda según lo previsto, "antes de Navidad", con lo que todavía restan más de tres meses de juicio, los lunes, martes y miércoles de cada semana, de nueve y media de la mañana hasta las seis o siete de la tarde. EFECOM

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