Más periodistas y letrados que afectados en primer sesión juicio Gescartera

Andrés Dulanto

Madrid, 17 sep (EFECOM).- Las instalaciones de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo, que acogen desde hoy el juicio oral del caso Gescartera, vieron esta mañana como un ejercito de cámaras hacían guardia a sus puertas mientras más de cincuenta letrados acudían a la sesión junto a menos de una docena de afectados.

A pesar de que el escándalo financiero afecta teóricamente a mas de 4.000 inversores y decide sobre una responsabilidad patrimonial superior a los 50 millones de euros, las togas y los maletines de los abogados y los cuadernos de notas de los periodistas coparon los pasillos del edificio mientras los 14 imputados, encabezados por Antonio Camacho, se colocaban en el banquillo de los acusados.

Sólo una decena de afectados se acercó a la sala y ocupó los asientos reservados al público, ubicados junto a las mesas de los más de cuarenta letrados representantes de más de un centenar de acusaciones.

Antes del inicio del juicio oral algunos inversores se aproximaron tímidamente a los periodistas que intentaban captar la imagen de Camacho entrando en el edificio y explicaron cómo habían confiado en una sociedad de inversión y cómo sus ahorros se habían evaporado, de la noche a la mañana, un 14 de junio de 2001.

A pesar de que el presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, hizo algún paralelismo con este caso y los de Fórum-Afinsa y Arte y Naturaleza, el protagonismo y movilización que han tomado, por lo menos hasta ahora, los afectados de uno y otro caso no tiene comparación.

Quienes se acercaron hoy a la Casa de Campo vieron como durante más de una hora los letrados explicaban a la juez Carmen González Pastor si tenían pruebas nuevas y a quien representaban, ya que se trata de más de 100 acusaciones de todo tipo y condición.

Entre éstas se encuentran la Abogacía del Estado, en representación de la Compañía Española de Tabaco en Rama (CETARSA), colegios de ingenieros técnicos topográficos y de minas, organizaciones de discapacitados, órdenes religiosas, el Arzobispado de Valladolid, varias empresas y fundaciones y asociaciones de consumidores.

Algunos de los abogados necesitaron más tiempo de lo habitual en estos casos para explicar el nombre de sus representados, como sucedió con Andrés Vilacoba, quien actúa en defensa de los intereses de la ordenación filipense misioneras de enseñanza, la provincia de San Agustín de la congregación de agustinas misioneras y de la corporación agustiniana del santísimo nombre de Jesús de España de la Orden de San Agustín.

Entre las organizaciones en defensa de los consumidores figuran como acusación Adicae y la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y afectados como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN) o la Fundación ONCE.

También se encuentran representados en la acusación los diputados del Partido Popular Andrés José Ayala Sánchez, Rafael Cámara Rodríguez Valenzuela, Vicente Martínez-Pujalte, Federico Souvirón García y el antiguo presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, todos ellos miembros de la Comisión de Investigación que se abrió en el Congreso de los Diputados para analizar el caso Gescartera.

En las diligencias previas también se habían personado los diputados socialistas Antonio Cuevas, Juan Fernando López Aguilar, María Teresa Costa y Angel Martínez Sanjuán, si bien abandonaron esta acusación popular en 2004.

Según explicó hoy la juez a los acusados, letrados y afectados, se prevé que el juicio termine, si todo rueda según lo previsto, "antes de Navidad", con lo que todavía restan más de tres meses de juicio, los lunes, martes y miércoles de cada semana, de nueve y media de la mañana hasta las seis o siete de la tarde.

En la primera sesión del juicio oral se vio sentados en el banquillo de los acusados a catorce responsables y empleados de la agencia de valores encabezados por Antonio Camacho, que llegó al recinto de la Casa de Campo acompañado por su abogado, Miguel Bajo y su mujer, Laura García Morey, también acusada por el fiscal, quien ha pedido ausentarse del juicio para atender a su hija María Elena.

Quien no asistió hoy al juicio, fue la madre de Camacho, Pilar Friaza, que figura como responsable partícipe a título lucrativo, ya que, como explicó su abogada, sufre fuertes dolores abdominales, dificultades respiratorias y depresión.EFECOM

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