El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, y el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), José Antonio Gonzalo Angulo, no tendrán que acudir hoy al juzgado a declarar como imputados por un presunto delito de prevaricación en el caso de La Seda de Barcelona tal y como estaba previsto.
Según fuentes cercanas al caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha tomado la decisión de aplazar las declaraciones después de que el abogado del Estado haya presentado una gran cantidad de documentos que ahora tendrán que ser analizados por el magistrado.
Sin embargo, la mayor novedad del caso es que la fiscal, que instó la imputación de ambos presidentes, ha cambiado radicalmente su postura.
La fiscalía consideraba antes que Segura y Gonzalo Angulo habrían podido incurrir en un delito de prevaricación en relación a sus tareas de control sobre la trama de irregularidades que presuntamente han cometido algunos ex gestores de La Seda. Sin embargo, ahora, tras la intervención de la Abogacía del Estado, el ministerio fiscal solicitó al juez el pasado 29 de diciembre el "sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones" judiciales.
El juez del caso, Agustín Morales Pérez Roldán, ha aplazado las declaraciones, pero todavía no ha tomado una decisión sobre la solicitud de archivo de la fiscalía. En mayo de 2010, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ya vio supuestos delitos en la actuación de Segura y Gonzalo. Estimó las denuncias de los minoritarios para seguir investigando si en su actuación como organismos de control pudieron incurrir en algún tipo de infracción penal.
Este proceso avanza en paralelo a otras denuncias que los minoritarios han presentado en juzgados de Barcelona y de El Prat del Llobregat para investigar si la anterior cúpula de gestores, encabezada por Rafael Español y José Luis Morlanes, es responsable de cuantiosas irregularidades contables para descapitalizar el grupo.
Los accionistas minoritarios de La Seda, agrupados en la asociación Unidos por la Seda, han solicitado al juez tener acceso a la documentación presentada por el Estado.
Cepsa compra una filial de La Seda en Cádiz
