El Gobierno tiene que hacer encaje de bolillos para que no suba la luz tal como reflejan los precios de mercado, y para ello está dispuesto a sacrificar al sector fotovoltaico.
La Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif ) y la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) confirmaron ayer públicamente las intenciones del Ejecutivo de imponer medidas retroactivas a través de un nuevo Real Decreto Ley que verá previsiblemente la luz antes de fin de año, tal como adelantó ayer elEconomista.
La nueva norma supondrá un tijeratazo para el sector de unos 2.700 millones en tres años, que sumados a los 600 millones de bajadas de primas previstas a partir del próximo año, situaría en unos 3.300 millones la decapitación del sector fotovoltaico. Esta nueva medida, que tendría rango de real decreto ley, sería el remedio que utilizaría el Gobierno para evitar que la luz suba un 10% y a la vez no se dispare el déficit de tarifa -cantidad que se debe a las eléctricas por no subir la luz en línea con los costes-.
Cabeza de turco
Según AEF, el Ejecutivo vuelve a utilizar al sector fotovoltaico como cabeza de turco, ya que hace tan sólo un mes se aprobaron las nuevas primas para las futuras instalaciones con recortes de hasta el 45% y se limitaba la percepción de incentivos a 25 años.
Ahora, el nuevo decreto aplicaría un recorte del 30% en el número de horas a las que las instalaciones tienen derecho a recibir la prima, de modo que las plantas fijas sólo podrán cobrar hasta 1.250 horas al año, y las plantas con un seguidor hasta 1.644 horas al año. El problema es que el nuevo tijeretazo afecta a más del 95% de las plantas ya existentes, que facturarán unos 2.733 millones a final de año.
Teniendo en cuenta esta magnitud, el recorte en el que trabaja el Gobierno "supondrá la quiebra para el sector", así como un gran problema para los bancos y cajas, que estarían obligados a provisionar casi 20.000 millones, lo que a su vez dispararán la prima de riesgo-país y generarán diez veces más gastos que el supuesto ahorro obtenido con ellas.
Pérdida de empleo
Además, la nueva norma tendrá una clara repercusión en el empleo, que ya ha sido duramente golpeado por los constantes cambios normativos y por la inseguridad jurídica del sector. En concreto, en 2008 había 90.000 empleos fotovoltaicos y actualmente ascienden tan sólo a 21.000 puestos de trabajo entre directo e indirecto.
Además, la industria de paneles está totalmente parada, aunque una parcela de esta actividad se ha mantenido gracias a las exportaciones a Italia, Francia y Alemania. La asociación, que está en conversaciones con el resto de patronales para unirse contra el Gobierno en este aspecto, tomará medidas legales si finalmente sale la nueva norma adelante. En concreto, está estudiando impulsar un recurso de anticonstitucionalidad contra el posible real decreto ley del Gobierno.
El primer paso será plantear un recurso contencioso- administrativo en contra del acto de promulgación de la norma. A continuación, pasará a un Tribunal Superior de Justicia y terminará en el Constitucional. La Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) aseguró en una carta a Industria, que recurrirá ante los tribunales todas aquellas normas retroactivas que vulneren la seguridad jurídica del país y que causen un perjuicio económico al sector.
En este sentido, Asif ha convocado para el próximo 19 de enero una Asamblea General Extraordinaria para decidir el inicio y el alcance de las acciones legales.
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