Valencia, 31 ago (EFECOM).- El pleno del Gobierno valenciano acordó hoy interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley estatal del Suelo, ante "la extralimitación competencial del Estado y la invasión de competencias autonómicas" que supone, según informó el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla.
El conseller explicó en la rueda de prensa posterior al pleno que el recurso pretende la anulación de cuatro artículos de la ley, y destacó que no cuestionan el interés público de la nueva norma, sino la "invasión" por parte del Estado de competencias en materia de urbanismo, ordenación del territorio y vivienda.
De esta forma, el Consell recurrirá el artículo 2 de la ley del Suelo, del que Rambla destacó que "impone" a las comunidades la obligación de orientar su política territorial al uso racional del territorio, incluyendo conceptos como "cohesión social u ocupación del suelo eficiente, que exceden de su título competencial".
El portavoz del Ejecutivo valenciano defendió que la ordenación del territorio y urbanismo "es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, por lo que el legislador estatal no puede entrar a regular cuestión alguna sobre la materia, tal y como ha establecido el Tribunal Constitucional".
El segundo de los artículos recurridos es el que regula la iniciativa privada en la urbanización, construcción o edificación, lo que a juicio del Consell "invade las competencias autonómicas exclusivas para regular el procedimiento de ejecución del planeamiento urbanístico".
El Consell pedirá además anular el artículo que regula los "criterios básicos de utilización del suelo", en el que se establece la obligación de que las comunidades reserven como mínimo un 30 por ciento de suelo para vivienda de protección pública y prevé la posibilidad de que la legislación autonómica fije o permita excepcionalmente una reserva inferior.
Rambla afirmó que, en tanto que la mayoría de las comunidades, incluida la valenciana, han asumido en sus estatutos las competencias exclusivas en materia de vivienda que prevé la Constitución, "es evidente que el grado con el que se llega a establecer esa reserva por el Estado supone una extralimitación competencial".
Finalmente, la Generalitat recurrirá al artículo que establece el contenido y documentación que debe ser expuesto al público en los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación urbanística.
Rambla explicó que el Consell intentó evitar la interposición del recurso de inconstitucionalidad mediante una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunitat Valenciana, si bien el Estado no ha considerado viable ese procedimiento.
Por ello, y "ante la negativa del Estado a acudir a los mecanismos de negociación previstos en el ordenamiento", el Consell considera que la regulación impugnada supone "una clara afectación al ámbito propio de la autonomía de la Comunitat Valenciana", lo que le legitima para recurrir al Constitucional. EFECOM
rsm.lb/br/lgo
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