Los cambios normativos de la Ley de cajas ha llegado a Madrid. La comunidad ha presentado hoy un proyecto para modificar la Ley de Cajas autonómica con el que busca limitar al 40% la presencia pública en la entidad. Con estos cambios se pretende evitar que los consejeros de la caja sean cargos políticos electos o cargos de la Administración. Una vez que se aprueben los estatutos el plazo para llevar a cabo las reformas será de dos meses
Antonio Beteta, el consejero de Economía y Hacienda de la comunidad de Madrid, fue el encargado de anunciarlo esta mañana en una rueda de prensa donde ha precisado que esta reforma busca la "despolitización absoluta de la gestión financiera" y "la libertad de actuación en el mercado" algo, a su juicio, "sustancial" en momentos de crisis como el actual.
El consejero ha indicado que uno de los puntos fuertes de la reforma es el "limitar al 40% la presencia pública, ganando peso los impositores" en la caja. Además, se disminuirá el poder de las corporaciones municipales en un 1,5%.
Unas reformas que han sido apoyadas por el edíl madrileño. Gallardón, en una rueda de prensa posterió a la Junta de Gobierno, aseguró que no tiene "ninguna duda" de que cualquier cambio en la Ley regional de Cajas de Ahorro que pueda plantear la Comunidad de Madrid será para darle a la entidad que preside Rodrigo Rato "más autonomía de gestión".
Cargos no políticos
Bateta ha querido destacar que los consejeros de la Caja no van a poder ser cargos políticos electos ni cargos de la Administración y, además, al menos la mitad de los vocales del Consejo de Administración y la totalidad de los miembros de la Comisión de Control deberán acreditar conocimientos y experiencia en el sector. En este sentido, se suprime el representante autonómico en la Comisión de Control de las cajas de ahorro.
Asimismo, se "endurece" el régimen de retribuciones de la Presidencia Ejecutiva y de la Dirección General "estableciendo que no podrán tener otras actividades remuneradas". De esta forma, se regula como incompatible percibir simultáneamente retribuciones del SIP y de las diferentes cajas que no lo pueden constituir.
El Gobierno regional también ha incluido en su nueva normativa el apartado de la Ley estatal en el que se establece que el mandato de los miembros de los órganos de Gobierno será de 12 años como máximo. "Los que se renueven con posterioridad a la publicación del Real Decreto Ley estatal no pueden superar dicho límite salvo que se produzca un proceso de integración o fusión, en cuyo caso se permitiría superarlo hasta agotar el mandato", indica la Comunidad.
Con esta nueva normativa también se pretende regular la transformación de la Caja en Fundación. Así, será la Comunidad Autónoma la que autorice las modificaciones estructurales. Para dar cabida a estas figuras se adaptará la normativa de registro de cajas de ahorro, la Obra Social y los órganos de gobierno.
El Gobierno aprueba la nueva Ley de Cajas
