Economía/Finanzas.- Caja Rural del Duero denunciará ante el Banco de España a los que boicoteen su fusión con Cajamar

VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS)

Caja Rural del Duero anunció hoy que denunciará ante el Banco de España a quienes han realizado una contraoferta a los socios de la entidad, que se fusionará por absorción con la andaluza Cajamar, al considerar que lo que se busca es "manipular, confundir y boicotear el proceso de fusión".

Un grupo de cajas rurales de toda España, entre las que se encuentran las de Navarra, Burgos, Soria, Salamanca y Zamora, acordaron realizar una contraoferta de compra a los socios de Caja Rural del Duero ante el acuerdo alcanzado de fusionar la entidad castellanoleonesa con la andaluza Cajamar.

Por ello, Caja Rural del Duero, en un comunicado recogido por Europa Press, afirmó que las actuaciones tendentes "a impedir la fusión son constitutivas de mala práctica bancaria y limitan la libre competencia, por lo que serán puestas en conocimiento de los órganos que velan por su cumplimiento".

Asimismo, la entidad aseveró que dicha oferta "vulnera la Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito del Banco de España al no haberse informado previamente" de la intención de adquirir aportaciones al capital social de una entidad de crédito y ser la adquisición de una participación significativa que pretende asumir el control de Caja Rural del Duero "de una forma encubierta".

Por otro lado, según la entidad castellanoleonesa, la denominada Caja de Crédito Cooperativo, antes Caja Escolar de Fomento, "no es una caja rural pues pertenece al grupo de cajas laborales y profesionales y es una entidad constituida recientemente que no tiene oficinas, ni estructura ni proyectos".

Asimismo, esta caja, "cuenta con una plantilla de cero empleados, tiene veinte socios y presentó unas pérdidas de 380.000 euros en 2006, además de que a día de hoy dispone de un capital de 1,8 millones de euros, quince veces menos que el de Caja Rural del Duero".

Además, indicó que dicha oferta "no cuenta con la autorización de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ni del Banco de España ni de la Junta de castilla y León".

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