La Audiencia Nacional ha decidido mantener las medidas cautelarísimas solicitadas por Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa y ratificar la suspensión del desarrollo normativo del Real Decreto del carbón que les obliga a presentar en tres días cartas de compromiso de compra de carbón nacional hasta 2012.
En tres autos dictados hoy, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia mantiene la suspensión de esta obligación hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por las eléctricas contra el Real Decreto del carbón.
Los jueces de la Audiencia Nacional recuerdan que ya el propio Tribunal Supremo reconoció la "perentoriedad" del plazo de tres días que establece el Real Decreto, y que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) recomendó ampliar dicho plazo a un mes. Las partes tienen cinco días para presentar recurso de reposición.
Esperando el recurso
En concreto, las eléctricas recurrieron la resolución de la Secretaría de Estado de Energía del pasado 22 de octubre, fecha a partir de la que comenzaba a contar el plazo de tres días, y en la que se fijaron las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía con el objetivo de incentivar la quema de carbón nacional en centrales eléctricas.
La Audiencia Nacional acepta las alegaciones de las eléctricas, que consideran que la obligación de presentar las cartas de compromiso provocaría un daño económico irreversible y distorsionaría el mercado de la energía por la imposibilidad de negociar los precios.
Por su parte, el abogado del Estado defendió que el posible daño económico a las eléctricas no justificaba la retirada del Real Decreto, porque su finalidad es evitar que las empresas de extracción y las centrales de quema de carbón entren en quiebra.
El Supremo podría tardar semanas
El Supremo tendrá que resolver las medidas cautelares de suspensión del Real Decreto 1221/2010, aprobado el pasado 1 de octubre, y que modificó el Real Decreto 134/2010, aprobado el 12 de febrero.
La normativa aprobada en febrero fijaba un plazo de dos meses para que las eléctricas y las empresas de almacenamiento de esta materia prima presentaran las cartas de compromiso ante la CNE. Sin embargo, la modificación de octubre rebajó este plazo a tres días, lo que dio lugar a que las eléctricas recurrieran ante la Audiencia Nacional.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el Supremo todavía tardará varias semanas en pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas contra la normativa entera, ya que el proceso se encuentra en fase de contestación del recurso por las partes. La sentencia sobre el fondo del asunto podría tardar un año.
La eléctricas recurrieron ante el Supremo al considerar que el Real Decreto es contrario a la Ley del Sector Eléctrico por alterar el mercado al dar mayor entrada a las centrales térmicas de carbón, en detrimento de otras tecnologías como los ciclos combinados de gas, que resultarán desplazados.
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