La Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) no aceptará ninguna regulación que tenga carácter retroactivo. Por este motivo, la patronal ya ha mantenido contactos con KPMG para preparar su estrategia legal ante un más que posible recurso sobre el Real Decreto que fijará la retribución de la energía fotovoltaica.
Según indicaron a elEconomista, las principales acciones judiciales se plantearán ante el Tribunal Supremo y dependiendo de las argumentaciones jurídicas utilizadas la vía para el recurso será general -a través de Asif- o individualizada de cada promotor. No obstante, la estrategia legal puede repartirse en tres ámbitos de actuación: el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el arbitraje internacional.
Y es que para la patronal del sector el decreto elaborado por el Ministerio de Industria "sin consenso" con las asociaciones empresariales fotovoltaicas hace daño incluso fuera de nuestras fronteras, ya que daña e infringe los acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones, por ejemplo con China, Rusia, Turquía, etc.
El presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica, Juan Laso, solicitó ayer al Ministerio de Industria una respuesta precisa sobre la seguridad y estabilidad jurídica que garantice la adecuada rentabilidad de las instalaciones ya en uso, así como un desarrollo apropiado de las proyectadas y las pendientes de promover en la inauguración de la Feria de Valencia.
Entre los aspectos clave que analizarán los abogados figura la posible infracción del principio de confianza legítima que se ampara en que los incentivos reconocidos por el Real Decreto 661 y por el Real decreto 1578 puedan considerarse un derecho protegible. Además, los casos analizados por la jurisprudencia del Supremo pueden considerarse no equiparables a la situación de revisión mencionada.
Asimismo, los abogados estudiarán si hay una posible violación del derecho comunitario amparándose en sentencias como las de Belgocodex, Goed Wonen y Netto Supermarkt.
Una de las principales bazas será el criterio de "rentabilidad razonable" contenido en la Ley del Sector eléctrico, ya que de no respetarse puede dar lugar a la nulidad de la regulación propuesta por el Ministerio de Industria.
La norma fotovoltaica, que fue enviada a finales de julio a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), y sin haberse cerrado la negociación con las patronales, se ha saldado con un aluvión de alegaciones en contra del organismo que preside Maite Costa. De hecho, los representantes de algunas asociaciones empresariales protagonizarán a lo largo de esta semana un ir y venir de visitas al regulador para intentar que en el consejo de administración que se celebrará el martes de la semana que viene se vote en contra de esta norma en el informe no vinculante solicitado por Industria.
Una merma de la rentabilidad
Asif, en sus alegaciones al decreto, presentadas ante la CNE, recuerda que aunque los recortes no afectan a las instalaciones en marcha, la norma incluye algunos puntos por el que las instalaciones deberán cumplir con ciertas especificaciones técnicas.
La asociación considera que estas medidas, si no se recibe compensación, "son de carácter retroactivo y exige inversiones adicionales", lo que perjudicaría la rentabilidad razonable a la que se hace referencia en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. Asimismo, la patronal cree que en el decreto existen aspectos en los que "se discrimina negativamente y sin fundamento a la tecnología fotovoltaica respecto a otras tecnologías de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables".
El sector está molesto con la actitud del Ministerio, al no avisar a las patronales de su decisión de fijar un recorte de las primas que recibe este sector del 45 por ciento para las futuras instalaciones en suelo y del 25 por ciento para las que se coloquen en los techos de mayor dimensión, asimismo se aplicará un recorte del 5 por ciento para las plantas de menor dimensión.
Para la fotovoltaica esta medida es devastadora y las consecuencias serán un parón de año y medio en la puesta en servicio de nuevas plantas. A ello, hay que añadir la incertidumbre regulatoria y los cambios legislativos sin negociación previa, lo que aseguran ya está ahuyentando la inversión extranjera.
El impacto económico del decreto se refleja en las retribución de las plantas. Por ejemplo, antes se recibía una prima de 320 euros por megavatio y con la rebaja se quedará en 160 euros, aproximadamente. Este tijeretazo se ha incluido en un paquete de medidas en el que se incorporan tres reales decretos y una orden ministerial para regular las energías renovables: el Real Decreto de regulación del régimen especial, el Real Decreto de conexión de instalaciones de pequeña potencia, el de la actividad de carga del gestor del sistema y la orden ministerial de calidad fotovoltaica.
En la primera de estas normativas, Industria limita a 25 años la retribución de las plantas acogidas al anterior decreto 661 y no permitirá recuperar para futuras convocatorias las plantas que no se hayan ejecutado. De este modo, el Gobierno se embolsará entre 100 y 160 millones con la ejecución de los avales depositados por los promotores, así como por el ahorro de primas de esas plantas que no entren en funcionamiento. Entre las novedades de la norma del Ministerio figura, al igual que ya está en el sector eólico, la posibilidad de que se controle por parte de REE las grandes plantas de modo que se facilite la integración en la red.
Además, con el objetivo de limitar la especulación, el Gobierno establece un control administrativo sobre los cambios de titularidad durante la fase de promoción y construcción y hasta 24 meses después de la puesta en marcha. De este modo, se logra que los promotores no saturen el registro si no tiene la capacidad técnica y económica.
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