Empresas y finanzas

España es país UE con más ayudas Estado ilegales sin recuperar, 28% del total

Bruselas, 28 jun (EFECOM).- España es el país de la Unión Europea (UE) con más casos de ayudas de Estado ilegales pendientes de recuperación, con 17, equivalentes al 28% de toda la UE-25, según la información facilitada hoy por la Comisión Europea.

El ejecutivo de la UE indica que la mitad de los casos pendientes están relacionados con las "vacaciones fiscales vascas", el régimen tributario aplicado en la década de 1990 en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya para impulsar el establecimiento de empresas en la región, declarado ilegal por Bruselas.

El Tribunal de Justicia de la UE ha dado la razón a la Comisión en varias ocasiones por este motivo, que ayer abrió un nuevo proceso sancionador a España por el retraso en la recuperación de las citadas ayudas.

Además de esas, las autoridades españolas deben todavía recuperar los fondos dados por el Gobierno español y varias administraciones regionales al fabricante de artículos de menaje Magefesa -declaradas incompatibles con la normativa comunitaria en 1989- y las concedidas a los astilleros de Izar por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En su estudio sobre la evolución de las ayudas de Estado en los últimos años (del 2000 a 2006), la Comisión Europea destaca que las ayudas de Estado ilegales constituyen un problema mayor en los países más grandes de la Unión (Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido suman el 73% de casos declarados ilegales).

Para Bruselas, una ayuda estatal es ilegal si no es notificada antes de concederla o si el país no espera al dictamen de la Comisión para hacerla efectiva.

El ejecutivo comunitario incide en que el 25,6% de las ayudas declaradas ilegales fueron consideradas también incompatibles con el mercado interior, algo que sólo sucedió en el 2,7% de los casos en que fueron correctamente comunicadas.

Alemania es el país con más casos de ayuda ilegal (25% del total de la UE), seguido de Italia (17%), España (11%), Francia (10%) y Reino Unido (9%).

En el caso de España, la mitad de los casos fueron declarados incompatibles con la normativa de mercado interior, sobre todo en los sectores industrial y de servicios. EFECOM

epn/jma

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