Bruselas, 27 jun (EFECOM).- La Comisión Europea comunicó hoy que ha abierto una investigación en profundidad para establecer si la ayuda pública por 9,06 millones de euros concedida por la Junta de Andalucía y por la Seguridad Social al fabricante sevillano de porcelana Pickman es compatible con las normas comunitarias.
La Comisión teme que el paquete de subvención -que incluye 5,76 millones en créditos, garantías y subvenciones de la Junta y la anulación de una deuda de 3,2 millones a la Seguridad Social- choque con el comportamiento de un inversor privado en condiciones de mercado normales.
El Ejecutivo comunitario -que abrió el expediente al recibir la denuncia de una empresa competidora en abril de 2006- cree que el subsidio podría ser incompatible con las normas relativas a las ayudas estatales a las empresas en crisis, se informó en un comunicado.
La comisaria de Competencia de la Unión Europea, Neelie Kroes, declaró que "debemos asegurarnos de que las compañías en crisis no obtienen una ayuda pública ilegal y constante sin someterse a una reestructuración necesaria que les permita recuperar su viabilidad".
Pickman La Cartuja de Sevilla S.A. es un productor de vajillas y porcelana centrado tradicionalmente en la producción y venta al público de artesanía de alta calidad, y que recientemente ha diversificado sus actividades a regalos de empresa y vajillas para restaurantes, hoteles y empresas de catering.
Cuenta con unos 140 trabajadores, y en 2005 su volumen de negocios fue de 4,28 millones de euros.
En el contexto de un procedimiento de suspensión de pagos iniciado a finales de 1997, la administración de la Seguridad Social renunció al 82% del dinero debido por Pickman (es decir, una renuncia de 3,297 millones de euros).
En su evaluación preliminar, la Comisión pone en duda que el apoyo de las autoridades regionales andaluzas y la administración de la Seguridad Social española sea compatible con el mercado único.
Más concretamente, no parece ajustarse al comportamiento de un acreedor privado en condiciones normales de mercado.
Con el fin de apoyar la llegada de un nuevo propietario en diciembre de 2003, la Junta de Andalucía acordó en marzo de 2004 conceder dos créditos por un importe de alrededor de 1,86 millones de euros y dos subvenciones por 2,6 millones de euros a Pickman.
Finalmente, en diciembre de 2005, la Junta de Andalucía ofreció a Pickman una garantía de 1,3 millones de euros que cubría el 80% de un préstamo que la empresa había negociado con un banco privado.
Si al concluir la investigación de la Comisión se estimase que estas medidas constituyen una ayuda estatal incompatible, las subvenciones ilegalmente concedidas podrían tener que ser reembolsadas por Pickman.
Por otra parte, tras una sentencia de noviembre de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el consorcio RUMASA concedió una ayuda financiera pública a la empresa en forma de préstamo participativo por un importe de 4,69 millones de euros.
En este caso, la Comisión ha concluido, tras sus pesquisas preliminares, que dicha ayuda se ajustaba al comportamiento de un inversor en una economía de mercado en circunstancias similares y, por lo tanto, no constituye una ayuda estatal.
La apertura de una investigación pormenorizada permite a las partes interesadas presentar sus observaciones en relación con las medidas propuestas, y no prejuzga el resultado del procedimiento. EFECOM
met/ltm
Relacionados
- La CE investiga ayudas por 586 millones a antiguos bancos públicos italianos
- Economía/Empresas.- CE investiga posibles ayudas públicas ilegales a Simpe, cuyo principal accionista es La Seda
- Comisión UE investiga ayudas de Gob portugués a Repsol YPF y La Seda -Prensa
- Bruselas investiga ayudas públicas a Industria de Turbo Propulsores
- CE investiga legalidad ayudas del Estado británico a Royal Mail
