Roma, 26 jun (EFECOM).- El proceso de liberalizaciones emprendido en la economía italiana atraviesa una fase "de estancamiento", situación por la que hoy mostró su preocupación el presidente de la Autoridad Antimonopolio, Antonio Catricalá.
El actual Gobierno de centroizquierda ha puesto en marcha un proceso de liberalizaciones en ciertos sectores de la economía, desde gasolineras a farmacias, pasando por los taxistas y los abogados, que se ha enfrentado a las protestas de los colectivos afectados.
Durante la presentación del informe anual de esta institución, Catricalá indicó que "los grupos de presión se reorganizan y encuentran apoyos" en las dos principales coaliciones políticas del país.
Para superar esta situación hay que buscar un "amplio consenso" sobre las decisiones a tomar y sobre el objetivo final de las reformas, consideró.
Catricalá señaló posteriormente a los periodistas que los grupos de presión "son muy fuertes" en Italia, pero "también lo es la política", la cual debe "mirar adelante y hacia el interés general".
El responsable de la autoridad antimonopolio se refirió también al papel de algunas administraciones regionales y locales, que mantienen una actitud "proteccionista" que es causa de la falta de liberalizaciones.
El ministro italiano de Desarrollo Económico, Pierluigi Bersani, artífice de los diferentes decretos de liberalización, consideró que no existe un estancamiento, sino que el proceso "sigue adelante", aunque hay "dificultades".
Catricalá señaló que la Autoridad Antimonopolio tiene previsto abrir una investigación sobre "las relaciones entre libertad de mercado y la gobernanza en el sector financiero".
En este sentido, hizo referencia a una "tupida red de relaciones de acciones, participaciones y relaciones de financiación entre empresas bancarias y entre éstas y las empresas aseguradoras".
Un equilibrio de mercado que "puede poner en evidencia conflictos de roles y, en algunos casos, representar una grave patología", dijo Catricalá, quien recordó que "la convergencia de intereses entre empresas competidoras obstaculiza la competencia".
Durante su intervención, también se refirió al peso de la "maquinaria burocrática" italiana, que tiene un coste total al año de 225.000 millones de euros, y su impacto en las cuentas públicas.
En los últimos doce meses, la autoridad antimonopolio ha impuesto un total de 366 millones de euros en sanciones por violaciones de las normas de la competencia, de los que 347 ya se han cobrado. EFECOM
cr/jma
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