La investigación para suprimir el fraude fotovoltaico está muy ligada a la negociación sobre los nuevos recortes a la solar. Y es que los cambios normativos, que suponen un marco menos ventajoso para estas primas, estaban previsto de forma inminente para antes del verano.
De hecho, las empresas del sector sufrieron fuertes caídas en bolsa en tanto que el mercado ya estaba descontando estos recortes. Pero nada más lejos de la realidad, el Ministerio de Industria quiere esperar a ver cuánto se ahorra el sistema al retirar las primas de las plantas fraudulentas para fijar la nueva retribución.
En principio el Gobierno investigará 800 megavatios (MW), que suponen una cuarta parte de la potencia total de la fotovoltaica en España y según los datos de algunas patronales, si se retiran las primas a 600 MW se podrían ahorrar 800 millones de euros en primas. Por tanto, los eventuales ahorros servirían para fijar una retribución que, por supuesto, abre la posibilidad a que la solución no sea del todo retroactiva.
Aplazadas a septiembre
Según fuentes consultadas por elEconomista, el sector y el ministerio han llegado a un principio de acuerdo, que permite avanzar algunos puntos aunque las negociaciones se hayan retrasado hasta septiembre. No obstante, Industria ya ha avanzado algunos recortes en los que no está dispuesto a ceder. Se trata del ajuste de la tarifa regulada de las instalaciones futuras, donde se establecen descensos en la retribución de un 45% para el suelo, del 25% para techos y del 5% para techos pequeños, respecto a las tarifas de este año.
Hay que tener en cuenta que aún no se conocen cuál de las tarifas de 2010 será la referencia, si la de la primera convocatoria o la de la última. Por su parte, el sector considera que estas tarifas tan sólo pueden bajar un 25%, un 15% y un 0%, respectivamente.
En otro orden de cosas, el acuerdo también contempla medidas voluntarias para las instalaciones acogidas al Real Decreto 661/2007, aunque sobre este punto hubo cierto desencuentro entre el ministerio y el sector. En este asunto se plantea elegir entre dos opciones que introducen un componente de voluntariedad básico para esquivar en la medida de lo posible iniciativas retroactivas, así que no afectaría a la retribución total de las instalaciones.
