PHOENIX, EEUU (Reuters) - La policía arrestó el jueves a al menos 30 manifestantes que salieron a las calles de Phoenix después de que Arizona adoptara una nueva ley de inmigración, pese a que las medidas más polémicas fueron bloqueadas por un tribunal estadounidense.
Activistas hispanos y defensores de derechos laborales, encantados con el veredicto de última hora conocido el miércoles, siguieron adelante con las protestas en el centro de Phoenix gritando eslóganes, tocando tambores y bloqueando una calle para rechazar el resto de las medidas de la ley dirigida contra los inmigrantes ilegales.
Las tensiones por la ley han inflamado un debate nacional sobre el tema, que se ha enconado durante décadas y promete desempeñar un papel en las elecciones de noviembre, cuando los demócratas del presidente Barack Obama luchen por retener el control del Congreso.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del noveno circuito en San Francisco para restablecer las cláusulas bloqueadas, en lo que se prevé una larga batalla legal que podría llegar hasta el Supremo.
Algunos analistas indicaron que el veredicto podría "pulsar al menos el botón de pausa" en hasta otros 20 estados del país, donde legisladores republicanos estudian leyes inspiradas en Arizona.
"Si el Tribunal Supremo respalda el mandato judicial, probablemente aguará cualquier posible legislación", dijo Mark Jones, un experto en ciencias políticas de la Universidad Rice en Texas.
La asamblea legislativa del estado, donde los republicanos son mayoría, aprobó la ley hace tres meses para intentar sacar a casi medio millón de inmigrantes ilegales de Arizona y reducir el tráfico de drogas y personas en la frontera con México.
En una victoria para Obama, quien intenta retomar la autoridad federal sobre el tema, una juez de distrito le otorgó el miércoles un mandato judicial contra los elementos más polémicos, que contaban con el apoyo popular en el estado fronterizo con México.
Las cláusulas bloqueadas incluían una que requería que los oficiales de policía determinaran el estatus de inmigración de una persona detenida o arrestada, en caso de que creyeran que el individuo se encontrara en el país de forma legal.
LLEVAR LOS DOCUMENTOS
También se le habría exigido a los inmigrantes que llevaran sus documentos en todo momento y se les habría prohibido a los indocumentados pedir trabajo en público.
Entre las medidas que no se vieron afectadas por el mandato judicial y entraron en vigor el jueves se encontraba un artículo que considera ilegal que los conductores recojan a jornaleros en la calle y transportar o refugiar un inmigrante ilegal.
La ley cuenta con el apoyo de una mayoría estadounidense y del 65 por ciento de los votantes de Arizona, pese a que sus opositores la califican de inconstitucional y señalan que llevará a la discriminación contra latinos, además de estadounidenses con rasgos latinos.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles por la noche un paquete de 701 millones de dólares para aumentar la seguridad en la frontera con México, fondos que el Gobierno buscó anteriormente este año mientras crecía la lucha en Arizona sobre la inmigración ilegal.
El dinero, que incluye 208 millones de dólares para los 1.200 agentes adicionales destinados a patrullar la frontera que serán desplegados en la frontera suroeste, aún debe ser aprobado por el Senado, antes del receso veraniego de la Cámara, que comienza a finales de la próxima semana.
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