La Paz, 22 jun (EFECOM).- La Aduana de Bolivia confirmó hoy que mantiene demandas por presuntos casos de contrabando de petróleo contra dos filiales de la empresa brasileña Petrobras, a las que reclama multas por más de 197 millones de dólares.
El gerente de Fiscalización de la Aduana, Alvaro Arias, dijo a Efe que se trata de cargos fundamentados en el hecho de que "Petrobras-Bolivia Refinación" y "Petrobras Bolivia Distribución" exportaron en 2004 y 2005 petróleo y crudo reconstituido sin un permiso de la Dirección de Sustancias Controladas.
La empresa de refino exportó 2.586.529 barriles de petróleo por un valor de 188.277.954 dólares y, en el segundo, la compañía de distribución envió fuera del país 273.000 barriles de crudo reconstituido valuados en 9.109.078 dólares.
Según el funcionario, la exigencia de contar con un permiso de Sustancias Controladas tiene que ver con el control del comercio de carburantes que podrían eventualmente ser desviados al narcotráfico.
Aunque las demandas fueron hechas a fines del año pasado, los detalles de las mismas no se conocían hasta ahora cuando han reflotado en medio de las negociaciones que aún realiza el gobierno del presidente, Evo Morales, con Petrobras para concretar la compra de dos refinerías nacionalizadas.
Según fuentes del sector petrolero, la demanda en el caso de las empresa de refino, que controla precisamente esas dos refinerías, es uno de los problemas que ha impedido cerrar el acuerdo.
Aunque Bolivia ya hizo un depósito de 56 millones de dólares a las cuentas de Petrobras, las negociaciones para adquirir esas instalaciones continúan realizándose, según admitió el viernes pasado el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas.
Según el gerente de la Aduana, la filiales de Petrobras cometieron una violación a normas especiales y a la ley Aduana, lo cual obligó a esta entidad a reclamar una multa por el valor total de la exportación realizada.
Fuentes de Petrobras rechazaron las acusaciones indicando que el requisito del permiso de la dirección de Sustancias Controladas no estaba en vigor cuando se hicieron esas ventas, aunque Arias insistió en que ya se encontraba en vigencia desde 1992.
"De ninguna manera se ha aplicado una medida reciente, de manera retroactiva", apuntó al señalar que otras empresas petroleras, que hicieron operaciones similares, si presentaron ese documento.
Aunque no hubo un daño económico al Estado, la Aduana considera que si se produjo una violación a la norma que la obliga a presentar la demanda por contrabando ante la Fiscalía de la ciudad oriental de Santa Cruz, donde la compañía tiene su sede principal.
Los fiscales que ven ambos casos aún no se pronunciaron sobre la primera demanda (por los 188 millones de dólares) en tanto que ya rechazaron la segunda, según confirmó el mismo gerente de la Aduana.
No obstante de esa decisión, Arias señaló que todavía esperan el pronunciamiento de la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz "porque es la última instancia en esta etapa de investigación" que puede confirmar la resolución de los fiscales o revocarla.
Además de estas denuncias, la Aduana boliviana tiene denuncias por contrabando, con otros argumentos, contra Andina, filial de la hispano argentina Repsol YPF, y la empresa Chaco, del grupo británico British Petroleum.
El pasado 13 de junio, la Fiscalía pidió a un juez de Santa Cruz la apertura de un proceso contra dos altos ejecutivos de Repsol YPF, el español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez, acusados el año pasado de supuesto contrabando de petróleo. EFECOM
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