El negocio del dulce se organiza por si hiciera falta puentear a la patronal, dividida entre los intereses de sus asociados
Nueva vuelta de tuerca en torno a la polémica medida anti-grasas que el Ministerio de Sanidad medita aplicar en los colegios españoles. La intención de la ministra Trinidad Jiménez de separar entre alimentos beneficiosos y perjudiciales sin consultar si quiera a los principales implicados ha levantado en armas a todo el sector alimentario nacional durante los últimos días, que ahora también busca al enemigo en casa. Y es que el hecho de que Papá Estado condene con sus consejos a las compañías dedicadas a la producción y comercialización de dulces, bebidas azucaradas, chucherías y bollería deja también algunos beneficiados dentro del negocio alimentario, como es el caso del sector lácteo y de los zumos.
Por eso, según fuentes consultadas por este periódico, desde las asociaciones que agrupan a las empresas del dulce han comenzado ya a movilizarse ante las dudas que genera la intermediación de la gran patronal alimentaria, Fiab, que tiene prevista una reunión para el próximo martes con sus asociados para tratar los términos más polémicos de la medida. Como afirman estas mismas fuentes, el papel de consenso de Fiab en esta situación se torna complicado debido a que también se encuentra obligada a defender los intereses del resto de sus representados, entre los que estarían muchos de los beneficiados si finalmente se llegara a aplicar como está previsto el borrador inicial. Por su parte, los grandes de la industria se muestran también contrariados por la postura que ha decidido tomar el ministerio, después de cinco años de colaboración en busca de soluciones conjuntas que eviten el aumento de la obesidad infantil.
Eso sí, la ministra Trinidad Jiménez se apresuró a decir ayer, antes de que el consejo interterritorial de Salud pasara a debatir el citado documento, que esta propuesta no prohibirá en los centros escolares la comercialización de ninguno de los citados productos, aunque sí servirá como recomendación. La patronal Fiab hizo una primera valoración contraria y acusó al Gobierno de romper el consenso en los principios de nutrición.
Los representantes autómicos y el Ministerio de Sanidad perfilaron los detalles de la medida. En el encuentro establecieron unos límites nutricionales básicos para los alimentos que se venden en los centros escolares públicos no universitarios a través de máquinas expendedoras o cafeterías, entre los que se establece dejar de vender aquellos productos envasados -bollería industrial o chucherías- con un "alto contenido energético".
De este modo, se establecen unos límites para el contenido de grasas, azúcares y sal de estos alimentos, entre los que no se incluyen "el clásico bocadillo". Así, el valor energético no debe superar las 200 kilocalorías, que en un 35 por ciento como máximo procederá de la grasa en un 10 por ciento, como mucho, de grasas saturadas.
Difícil situación
Este contratiempo le llega a la industria alimentaria, cuya facturación representa el 8 por ciento del PIB nacional, en un contexto complicado. De hecho, este año ha visto cómo se producía el primer descenso de sus ventas de los últimos quince años. Según el barómetro realizado por la propia Fiab, la facturación neta del sector en términos de valor descendió un 3,4 por ciento, hasta alcanzar los 84.622 millones de euros, en un contexto marcado por la dura batalla entre la gran distribución y los fabricantes.
