Madrid, 20 jun (EFECOM).- El Congreso aprobó hoy por unanimidad el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, cuyo principal objetivo es fomentar la productividad, -con la eliminación de barreras de entrada al mercado de la contratación pública- y aumentar la competencia.
El proyecto, que deberá ser debatido en el Senado, introduce en la legislación nacional la utilización de criterios sociales y medioambientales en los procesos de contratación.
Así, el Gobierno podrá vetar, durante un tiempo máximo de un año, a las empresas que tienen contratos con la Administración y que incumplan ese tipo de criterios que se hayan incluido previamente en el acuerdo entre ambas partes.
Según el Ejecutivo, los principios que se desarrollan en el Proyecto de Ley son los de igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad y transparencia y supone una modificación estructural del mercado de la contratación pública.
Durante su intervención en el debate, la diputada del PSOE Elisenda Malaret subrayó que el Proyecto de Ley ha tenido "un trámite sosegado y tranquilo, sin aspavientos, que ha favorecido el intercambio de opiniones y un amplio consenso".
A su juicio, el proyecto incorpora nociones de derecho comunitario, "con respeto a nuestra tradición", y "moderniza y simplifica" la contratación pública.
Desde el PP, Andrés José Ayala destacó que el proyecto de ley es "importante y determinante", ya que afectará a las administraciones y a los órganos de contratación.
Asimismo, afirmó que el texto es "excesivamente intervencionista", y que presenta "inseguridad jurídica" en alguno de sus puntos.
Por parte de CiU, Josep Sánchez-Llibre mostró su satisfacción por que el proyecto de ley favorece la contratación de microempresas y pymes y por el hecho de que se "salvaguardan" las competencias de las comunidades autónomas.
En el mismo sentido se manifestó Emilio Olabarria del PNV, al señalar que el texto "es respetuoso con las competencias de las autonomías, que incluso las amplía y reduce las estatales".
Desde IU, Isaura Navarro defendió la presencia de leyes que incentiven los criterios medioambientales, mientras que el diputado de ERC Jordi Rojo valoró el proyecto de ley que regulará las contrataciones de la administración.
Respecto al impulso a la productividad, el Proyecto de Ley suprime las barreras de entrada y reduce los costes para los licitadores, cuya garantía provisional del dos por ciento del presupuesto de licitación deja de ser preceptiva.
También permitirá el acceso a la documentación, pliegos y proyectos por vía electrónica, facilidades para la contratación electrónica y una nueva regulación de la subcontratación para facilitar el acceso de la PYME al mercado de compras públicas.
Asimismo, apuesta por la contratación electrónica y el I+D+i, crea el marco legal para el desarrollo de la contratación electrónica, establece normas sobre los medios de comunicación y define la equivalencia entre documentos escritos y electrónicos.
Además, asume la utilización de internet para publicitar la programación del órgano de contratación, con valor legal y consecuencias en la reducción de plazos y crea una plataforma de contratación del Estado donde se accederá a la publicidad con valor indicativo y valor legal.
Por otra parte, el Congreso también aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales.
Según la diputada del PSOE Pilar González, este Proyecto de Ley "simplificará esas contrataciones, favorecerá la entrada de personas con dificultades de inserción laboral e impulsará la contratación basada en técnicas electrónicas".
Ambos proyectos de ley deberán ser refrendados en el Senado, y en el caso de que no se introduzca ninguna enmienda en el trámite en la Cámara Alta, quedarían definitivamente aprobados sin necesidad de volver al Congreso. EFECOM
sgb/jlm
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