Esta mañana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que la acción de oro que Portugal mantiene en Portugal Telecom es ilegal, y la Comisión Europa ha exigido al Gobierno luso que la elimine. Esta acción de oro está siendo esgrimida por Lisboa para vetar que su antiguo monopolio de telecos venda su participación en el operador brasileño Vivo a Telefónica.
José Manuel Durao Barroso, presidente del Ejecutivo comunitario, dio la bienvenida a la sentencia y aseguró: "Confiamos en que el Gobierno portugués tome las medidas necesarias para cumplir completamente la sentencia cuanto antes".
Barroso explicó que Bruselas va a analizar la sentencia y expresará más adelante una opinión más en profundidad, pero subrayó que los jueces comunitarios "confirman que la posición de la Comisión Europea era correcta al oponerse a las acciones de oro como regla general, aunque puedan ser admitidas en casos excepcionales".
Sólo es legal en casos excepcionales
En un comunicado de prensa emitido este jueves por la mañana por la Justicia comunitaria se asegura que "el mantenimiento de la titularidad de golden shares por parte del Estado portugués en Portugal Telecom constituye una restricción no justificada a la libre circulación de capitales". Y se añade: "En efecto, dichas golden shares otorgan al Estado portugués una influencia sobre la toma de decisión de la empresa que pueden disuadir las inversiones de operadores de otros Estados miembros".
Las acciones de oro o golden shares conceden a los gobiernos el poder de veto sobre decisiones estratégicas de empresas privatizadas, y el de rechazar que sean controladas por grupos foráneos. La sentencia sobre PT confirma la abundante jurisprudencia de la Justicia comunitaria acumulada desde 2002 contra este instrumento proteccionista e intervencionista, que sólo se admite en casos excepcionales y de fuerza mayor: por ejemplo, garantizar la disponibilidad de la red de telecomunicaciones en caso de crisis, guerra o terrorismo.
Desde hace una década, la Comisión Europea ha expedientado y denunciado ante los jueces comunitarios las acciones de oro de ocho países: Portugal, España, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Reino Unido. No todos han aceptado con deportividad la derrota, ni se han plegado inmediatamente a las sentencias.
Rosario de derrotas para Portugal
Portugal ya perdió en 2002 un pleito ante el Tribunal comunitario por disponer de una golden share general sobre el conjunto de sus empresas privatizadas. Hoy ha perdido otro pleito por su acción de oro específica sobre PT. Y en las próximas semanas o meses perderá, previsiblemente, otros dos casos: el blindaje de Galp y el de la eléctrica EDP.
El conservador portugués José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, aseguró en la víspera de la sentencia que Bruselas "aplicará y hará aplicar la sentencia, sea cual sea". Pero la experiencia en casos anteriores de nacionalismo económico demuestra que si el Estado en cuestión se resiste a aplicar la legalidad vigente en la UE, Bruselas carece de medios para imponerla con agilidad. Aunque la sentencia haya dado la razón a Telefónica, Lisboa podría atrincherarse en los largos y sinuosos trámites comunitarios antes de ceder. Una larga incertidumbre podría dar al traste con los planes de la teleco española.
De mantenerse atrincherado el Gobierno de Lisboa, en plena crisis internacional y de desconfianza de los mercados en los Estados, podría salir dañada la imagen de Portugal ante los inversores de todo el planeta por haberse impedido que los accionistas de PT se embolsen la generosa oferta de Telefónica por Vivo.
Portugal afirma que cumplirá la decisión
