"La acción de oro no es una cuestión política sino jurídica. Y es una violación del derecho comunitario, al ser contraria al principio de no discriminación y a la libre circulación de capitales", ha asegurado hoy el conservador portugués José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea. Los minoritarios de PT prevén llevar al Estado portugués a los tribunales.
Lo dijo en vísperas de que este jueves 8 de julio el Tribunal de Justicia de la UE dicte una sentencia que, previsiblemente, confirmara la abundante jurisprudencia acumulada desde 2002 contra las acciones de oro que conceden a los Gobiernos del Viejo continente el poder de veto sobre decisiones estratégicas de empresas privatizadas, y el de rechazar que sean controladas por grupos de otros países de Europa. Y Barroso añadió: "Respetaremos la sentencia y la haremos respetar".
Barroso se ha negado a pronunciarse "sobre una cuestión interna de Portugal", al ser interrogado sobre las acusaciones del primer ministro luso, que ha acusado a la UE y al propio Barroso de defender una política neo liberal que favorece la oferta de Telefónica para comprar el operador brasileño Vivo a Portugal Telecom.
Pero Barroso si ha recordado que Bruselas tiene expedientado a Portugal desde 2005 por esta cuestión, y que ya ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la UE unos ocho recursos contra países como Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, España y Portugal. "La Comisión Europea es el garante del derecho comunitario, y si hay una violación, no tenemos elección, tenemos que actuar", subrayó Barroso.
Pero la experiencia en casos anteriores demuestra que si el Estado en cuestión se resiste a aplicar la legalidad vigente en la UE, Bruselas carece de medios para imponerla con agilidad. De manera que aunque la sentencia de mañana dé la razón a Telefónica, Lisboa podría atrincherarse en los largos y sinuosos trámites comunitarios antes de ceder.
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