Madrid, 24 may (EFECOM).- Los cuatros nuevos imputados por un delito de insolvencia punible en la quiebra de Sintel de Carlos Gila, Yussuf Jamal, María Antonia Rotllan y Pedro Casals declararán, a partir del próximo 11 de junio, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, indicaron hoy a Efe fuentes jurídicas.
Según el escrito del fiscal José Grinda González, estas cuatro personas, junto a otros 19 imputados en el caso Sintel, participaron en el "vaciamiento patrimonial" de la filial de Telefónica, que acabó con el despido de 1.828 trabajadores y un agujero patrimonial superior a los 59,36 millones de euros.
"La sucesiva labor" de cada uno de ellos, según Anticorrupción, causó "notables perjuicios" estimados a Efe por fuentes jurídicas por mas de 188,34 millones de euros, ya que se dañó a los acreedores de Sintel (98,19 millones de euros), los trabajadores (30,05 millones de euros) e incluso el Estado, pues repartió en ayudas más de 60 millones de euros.
Los cuatro nuevos imputados en el caso eran ejecutivos de varias sociedades relacionadas supuestamente con el pago de comisiones millonarias y desvíos de dinero, cuestión que habrán de explicar ante el juez.
El primero en comparecer será Carlos Gila, antiguo administrador único de Sintel, el próximo 11 de junio; tras el que los harán, el 20 de junio, los otros tres nuevos imputados: el libanés Yussuf Jamal, consejero de al sociedad "Catenon"; el presidente de "Patllari", Pedro Casals, y su mujer, María Antonia Rotllan, pues ejercía como apoderada de la empresa.
"Patllari" y "Catenon" recibieron de Sintel "varias comisiones millonarias cuyo objetivo todavía no se ha podido esclarecer", que "supusieron igualmente esquilmar el dinero en efectivo" con el que la filial de Telefónica, quebrada en 2001, "apenas podía contar", a juicio del fiscal.
Según varios testimonios en el sumario, Sintel, en sus últimos años de funcionamiento, "debía pagar 'un peaje' a determinadas sociedades para conseguir que Telefónica le pagara sus facturas" como consecuencia de los trabajos que realizaba.
Por su parte, Carlos Gila fue designado como administrador de Sintel "con la finalidad de seguir controlando lo que restaba" en la antigua filial de Telefónica, que cambió de accionariado más de cuatro veces en poco menos de cinco años.
En los últimos meses, la Fiscalía ha conseguido "puntear" un entramado de sociedades, con sedes en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas o Luxemburgo, que estarían relacionadas con el desvío del dinero que quedaba en la sociedad, tras la operación de venta en 1996 a "Mastec Internacional" propiedad de la familia empresarial Mas Canosa.
El fiscal cree además que, tras esta venta, en 1998, Mastec traspasa sus acciones a favor de cinco sociedades, cuatro de ellas domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, antes que se hicieran dos operaciones en 1999 para "desgajar" las filiales extranjeras y las filiales españolas de Sintel .
Además, los señores Mas Santos, en "connivencia" con los consejeros de Sintel, "distrajeron diversas e importantes cantidades de dineros" en favor de los primeros "a costa del patrimonio de Sintel", tal y como acredita un informe de la auditora KPMG, cuya comparecencia pide en los juzgados el fiscal.
Por último, se produjeron "otros actos de progresiva descapitalización" de Sintel, como poner a la compañía como aval de 9 millones de euros en la compra de "Sietel" y "Sintelar", el pago de "comisiones millonarias" por más de 0,7 millones de euros a "Patllari" y "Catenon" y el vencimiento anticipado de un crédito de Telefónica por valor de 8,34 millones de euros.
El fiscal José Grinda recuerda también, tal y como hicieron ante el juzgado las acusaciones particulares de los trabajadores de Sintel, que Telefónica buscaba "evitar que una futura insolvencia de su filial comportase perjuicios económicos para la matriz" y eludir "el coste laboral y político del desempleo de sus trabajadores". EFECOM
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