México, 14 may (EFECOM).- El Banco Mundial (BM) alertó hoy de que las elites económicas y algunos sindicatos mexicanos tienen una influencia "excesiva" en el diseño de las políticas públicas del país, lo que explica el atraso en la lucha contra la pobreza y la dificultad de aprobar reformas legales de mayor envergadura.
El estudio "Gobernabilidad Democrática en México: Más allá de la captura del Estado y la polarización social" del BM, presentado hoy en la capital mexicana, descarta que la división política en el Congreso o la imposibilidad de reelegir funcionarios en el país expliquen las "distorsiones políticas" que aún persisten.
La investigación indica que el poder de algunos sindicatos de trabajadores del sector público y de las elites económicas en México es tan grande que "median y a veces capturan la relación entre el liderazgo político y los ciudadanos en general".
Su influencia, asegura el documento, se debe a su capacidad de intervenir en el diseño de las políticas públicas "en especial para atacar u obstaculizar funciones o fuentes de ingreso clave para el Estado, o la de comprar el apoyo de políticos con su influencia financiera".
El investigador y especialista en el sector público del BM, Yasuhiko Matsuda, quién además lideró el análisis, indicó que por esta situación en México "el peso de los votos de los ciudadanos comunes es menor" y "no se refleja su voz en las decisiones políticas".
Los grupos de interés en México han logrado posponer por años las reformas legislativas en Petróleos Mexicanos (Pemex, el monopolio petrolero estatal del país), el sistema laboral y de pensiones, y en los sectores energéticos y de telecomunicaciones, entre otros, destacó Matsuda.
Ello explica, por ejemplo, que los mexicanos paguen una de las tarifas de telefonía más altas de América Latina, apuntó.
Para revertir esta situación es importante que en México se transparente el desempeño de los sectores económicos controlados por elites y se aclare los aportes que estos grupos de interés dan a las campañas políticas mexicanas, argumentó el experto del organismo internacional.
Además, el Gobierno debe establecer mecanismos para que los ciudadanos conozcan las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, y es necesario que los órganos reguladores del país sean independientes y tengan "dientes". EFECOM
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