Buenos Aires, 4 may (EFECOM).- La justicia argentina emplazó a la ministra de Economía, Felisa Miceli, a informar al Senado sobre trámites que desembocaron en la anulación de un presunto pago irregular a herederos de un grupo empresarial, informaron hoy fuentes judiciales.
Ante un recurso presentado por senadores opositores, la jueza María José Sarmiento fijó un plazo de cinco días para que Miceli responda a veinte preguntas que quisieron hacerle los legisladores y la ministra se mostró renuente a responder, apuntaron.
"Ha sido un fallo histórico: es la primera vez que legisladores recurren a la justicia para que el Gobierno informe de un asunto y se les ha dado la razón", declaró el senador Gerardo Morales, líder de la Unión Cívica Radical (UCR), segunda fuerza parlamentaria del país.
Morales y otros opositores reclamaban que Miceli y el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, digan por qué pidieron al Parlamento una partida adicional para cancelar una millonaria indemnización a herederos del disuelto Grupo Greco y luego frenaron el pago.
En diciembre pasado, Morales descubrió que hubo una ampliación del presupuesto para pagar deudas públicas por 1.300 millones de pesos (419 millones de dólares), de los que 592 millones (unos 191 millones de dólares) correspondían a la indemnización para los herederos del grupo empresarial argentino.
El asunto ha desatado polémicas en el Senado debido a que un fallo judicial dispuso que los herederos del Grupo Greco debían cobrar una indemnización de 300 millones de pesos (96,7 millones de dólares) a raíz de que la última dictadura militar (1976-1983) se apropió de 33 empresas del consorcio al acusarlo de "subversión económica".
En febrero pasado, en medio de múltiples denuncias de presunta corrupción, Miceli anuló todos los actos administrativos que dieron origen al pago de la indemnización, que sigue pendiente.
La ministra de Economía "ya no tiene ninguna excusa para evitar dar información que debería ser pública", subrayó Morales a radios de Buenos Aires.
El senador opositor explicó que las preguntas que deberá responder Miceli se refieren a todas las tramitaciones del caso, los motivos por los que se suspendió el pago, de modo de determinar si hubo irregularidades a lo largo de todo el proceso.
El jueves, dos diputados opositores pidieron al juez federal Guillermo Montenegro que investigue el criterio por el cual el Gobierno paga a acreedores con bonos públicos cuyo valor de mercado duplica al de la deuda original con la consecuente pérdida para el Tesoro.
"Lo que estaría sucediendo es que ciertas deudas se pagarían con bonos públicos que se cotizan en el mercado muy por encima de su valor nominal. No obstante, los pagos se efectuarían considerando el valor nominal de los títulos", dijo uno de los denunciantes, el diputado Federico Pinedo, de la conservadora Propuesta Republicana.
El juez Montenegro investiga el presunto pago de millonarios sobornos en la adjudicación de obras de dos gasoductos a la constructora sueca Skanska, caso que el Gobierno ha calificado de supuesta "corrupción entre empresas privadas". EFECOM
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