Madrid, 27 abr (EFECOM).- El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha aplazado hasta el próximo jueves, 3 de mayo, las declaraciones como imputado del adjunto a la presidencia de Air Madrid, Julio Miguel Martínez, y del director general de Aviación Civil, Manuel Bautista Pérez, como testigo.
Así lo indicaron hoy fuentes jurídicas personadas en este caso, en el que están imputados también el presidente de la aerolínea, José Luis Carrillo y otros tres directivos, por un presunto delito de estafa y fraude contra los consumidores.
Según estas fuentes, el fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos y el juez Fernando Grande Marlaska intentan determinar si la cúpula directiva de Air Madrid siguió vendiendo billetes, en diciembre del año pasado, a sabiendas de que tenían que anunciar el cierre y dejar en tierra a más de 100.000 pasajeros.
Este fue el motivo de las declaraciones efectuadas a Carrillo, la directora del departamento de Ventas, Silvia Avelar, y el director del departamento de Gestión, Juan Barjau, el pasado 13 de abril, en la Audiencia Nacional.
El cierre de Air Madrid se produjo el 15 de diciembre de 2006, cuatro días después de que la Dirección General de Aviación Civil le comunicara la posible suspensión de licencias de vuelo por incumplir un plan para mejorar las deficiencias detectadas.
Air Madrid, que había iniciado operaciones en mayo de 2004, era investigada por las autoridades aeronáuticas en vista de que en sus treinta meses de funcionamiento acumuló decenas de denuncias por irregularidades, deficiencias de seguridad y prolongados retrasos.
De ahí, que el juez Grande-Marlaska haya aceptado la petición de las acusaciones populares, representadas por las organizaciones de consumidores OCU y Gaesco, para que comparezcan como testigos el director general de Aviación Civil, el instructor y el secretario del expediente administrativo abierto por el Ministerio de Fomento contra la compañía.
Este procedimiento judicial en la Audiencia Nacional estuvo originado por una denuncia presentada, el mismo día en que Air Madrid anunció el cierre de sus operaciones, por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), a la que se sumó más tarde la de Asociación General de Consumidores (ASGECO) y 200 individuales más.
La OCU basó su denuncia en varios "indicios" que apuntaban a que la compañía seguía vendiendo sus billetes pese a saber que iba a cerrar sus operaciones. EFECOM
dsp/prb
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