Madrid, 26 abr (EFECOM).- La nueva Ley de Desarrollo Rural Sostenible implicará una inversión total por parte del Estado próxima a 24.900 millones de euros durante el primer periodo de aplicación 2008-2013, según la Memoria Económica del Anteproyecto de Ley, que previsiblemente aprobará mañana el Consejo de Ministros.
La Memoria Económica, a la que ha tenido acceso Efe, detalla que el gasto medio total anual será de 4.143 millones, de los que 3.643 millones de euros se destinarán a los programas de desarrollo rural comunitario, mientras que 500 millones de euros serán la financiación adicional del Estado a esta Ley.
Según detalla la Memoria, estos 500 millones de euros anuales adicionales se utilizarán para financiar nuevas actuaciones de competencia del Estado, y también para financiar la participación en la aplicación de actuaciones concertadas del Programa.
El texto indica que esta inversión tendrá "un efecto de arrastre" en otras administraciones públicas, por lo que habrá que sumar a esta cantidad lo que aportarán otros ministerios y comunidades autónomas.
La mayor parte de la inversión que se destinará a la Ley parte de la financiación del programa comunitario para desarrollo rural 2007-2013, de los que 1.029 millones anuales se recibirán de la Unión Europea.
A estos fondos se sumará una cofinanciación pública nacional para todo el periodo (2007-2013) de otros 1.005 millones de euros anuales, con lo que en total el gasto público total será de 15.503 millones de euros, que se espera se complementen con 7.751 millones de euros de inversión privada.
La Memoria admite que para la financiación de las actuaciones de la Ley de Desarrollo Rural se partirá de una importante dotación inicial existente que, desde una perspectiva estrictamente presupuestaria, proviene en su mayor parte de los fondos europeos asignados a los programas de desarrollo rural comunitarios y su correspondiente cofinanciación nacional.
Reconoce además que las medidas de política rural existentes "sensu estricto" han tenido un origen básicamente europeo, que su carácter dominante ha sido de desarrollo sectorial agrario y agroambiental, y que la participación financiera de las Administraciones Públicas nacionales, y en particular de la Administración General del Estado, no ha tenido un peso relevante. EFECOM
ya/lst/prb
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