Madrid, 22 abr (EFECOM).- El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) tiene previsto decidir el próximo jueves si autoriza a la eléctrica italiana Enel a aumentar su participación en Endesa por encima del 10 por ciento.
El pasado 12 de abril, el regulador energético concedió diez días hábiles a las partes para presentar sus alegaciones, plazo que se cumple esta semana, y avanzó que tomaría su decisión a finales de abril. En principio, la reunión del próximo jueves es la última de este mes.
La CNE tiene abiertos tres expedientes por la entrada de Enel en el capital de Endesa.
En el primero de ellos, debe decidir si autoriza a la eléctrica italiana a superar el 10 por ciento de la compañía española.
Enel controla directamente el 9,9 por ciento de Endesa y tiene aparcado otro 14,9 por ciento mediante derivados financieros.
Según las nuevas competencias asignadas a la CNE, este organismo debe pronunciarse sobre cualquier operación que implique la compra de más de un 10 por ciento del capital de una empresa con actividades reguladas (transporte y distribución de gas y electricidad) o cualquier otro porcentaje que conceda "influencia significativa".
En segundo lugar, la CNE debe decidir si autoriza a Enel a ejercer derechos políticos por encima del 3 por ciento en Endesa teniendo en cuenta que es propietaria de Viesgo, hasta ahora la quinta eléctrica española.
Antes de resolver este expediente es necesario actualizar la lista de operadores principales del sector eléctrico, ya que el Real Decreto 6/2000 impide a cualquier sociedad ejercer derechos políticos por encima del 3 por ciento en más de una empresa que tenga esa consideración.
Lo más probable es que en la próxima actualización Viesgo salga de la lista y su lugar sea ocupado por Gas Natural.
En cualquier caso, el acuerdo suscrito entre Enel, Acciona y E.ON prevé la venta de Viesgo al grupo alemán, con lo que desaparecería este obstáculo.
El tercer aspecto que debía analizar la CNE, el hecho de que Enel cuente con participación pública, se resolvió el pasado jueves.
El regulador energético aprobó un informe en el que recomienda al Gobierno que supedite la autorización solicitada por Enel a la implantación de un derecho de veto que le permita defender los intereses públicos españoles.
La Disposición Adicional 27 de la Ley de Acompañamiento para el año 2000, conocida como "Ley Rato", limita al 3 por ciento los derechos políticos de compañías extranjeras con capital público que tomen participaciones relevantes en empresas energéticas españolas.
No obstante, el Gobierno puede levantar la restricción teniendo en cuenta aspectos como el grado de liberalización del mercado italiano o la reciprocidad entre los dos países. EFECOM
mam/ltm
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