Madrid, 17 abr (EFECOM).- El portavoz de Economía del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Arias Cañete, amenazó hoy con acudir a los tribunales para denunciar la actuación de Enel y Acciona en Endesa si no se crea una Comisión de Investigación parlamentaria sobre la entrada de ambas en el capital de la eléctrica.
"No queremos judicializar estos temas, pero si no se constituye la Comisión de Investigación iremos a los tribunales", donde "veremos desfilar" a los altos cargos no aforados, si no es posible que acudan al Congreso, afirmó Arias durante su intervención en la Comisión de Economía del Parlamento ante la que compareció el vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.
Solbes acudió para explicar, entre otros asuntos, la actuación del Gobierno en las opas de Gas Natural y E.ON sobre Endesa, pero la retirada de ambas ofertas desplazó las intervenciones de los grupos hacia la opa que Enel y Acciona presentaron por la eléctrica la semana pasada.
Según dijo Arias, la Comisión de Investigación, en caso de constituirse, debería analizar, entre otros asuntos, "el pacto de Ibiza", las reuniones entre el asesor económico del presidente del Gobierno, David Taguas, y el consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, y la actuación de los organismos supervisores afectados: la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
Para el PP la CNMV debió sancionar a Enel y Acciona por tomar una participación significativa en Endesa y forzarles a presentar una opa competidora de la de E.ON, en vez de permitir a la alemana dejar subir el precio y prohibir a la eléctrica italiana y la constructora presentar su opa en un plazo de seis meses.
En caso de no optar por esta solución, el supervisor bursátil debió sancionar a Enel y Acciona con la limitación de sus derechos políticos en Endesa, explicó Arias.
En este sentido, el portavoz popular pidió al ministro que adelantara si el Gobierno va a permitir a Enel ejercer plenamente sus derechos políticos en Endesa.
Solbes dijo que es "imposible" avanzar la decisión del Gobierno, ya que antes debe recibir y estudiar el informe que elabora la CNE sobre la entrada de Enel en Endesa y las condiciones del mercado energético italiano.
El ministro recordó que los anteriores gobiernos del PP permitieron a las empresas extranjeras con participación estatal que compraron compañías españolas ejercer sus derechos políticos "en todos los casos que se plantearon".
La Disposición Adicional 27 de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del año 2000 limita los derechos de voto de las empresas extrajeras con capital público al 3 por ciento, aunque el Gobierno puede levantar esa restricción.
Esta norma ha sido denunciada por la Comisión Europa (CE) ante el Tribunal de Luxemburgo. EFECOM
apc/cg
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