Empresas y finanzas

Gómez-Navarro: la banca no cobrará el 30% de su deuda inmobiliaria

El presidente del Consejo Superior de Cámaras, Javier Gómez Navarro. Foto: Archivo

El sector promotor debe 350.000 millones a la banca y es necesario asumir que el 30% de esa cantidad no se iba a recuperar. Ante esa situación, definida por el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro, la banca tiene que cambiar su mentalidad y abrir el grifo del crédito para que no gotee sólo para los "clientes de toda la vida".

No obstante, aseguró que hasta que no se capitalice el sistema financiero como en los países anglosajones, no habrá crédito en España.

Según su punto de vista, el principal problema es que las entidades financieras no reconocen las pérdidas reales que les han ocasionado su excesiva exposición al ladrillo y el Banco de España, aunque las controla, las está dejando un tiempo para que provisionen como puedan el deterioro de los activos. Sin embargo, la situación le parece ya "insostenible".

Porpuesta peligrosa

Sobre la iniciativa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que un banco gestione los créditos ICO para financiar las pequeñas y medianas empresas, le pareció peligrosa, ya que el riesgo es cien por cien del Estado.

Por otro lado, también pidió un sistema de control muy claro para el banco que gestione las líneas ICO, ya que éste podría utilizar ese mismo capital para limpiar sus balances y se podría dar la picaresca de utilizar esa diferencia para quitar clientes a los competidores.

En su opinión, las entidades financieras van a comenzar a entrar en números rojos durante el primer semestre del año y desaparecerán empresas que "deben mantenerse".

Campaña publicitaria

Por otra parte, mientras Gómez Navarro, representante de la Cámaras de Comercio en la campaña Estoloarreglamosentretodos, hablaba de los riesgos que supone que el crédito ICO sea gestionado por un banco, TVE decidía suspender la emisión del espacio publicitario para "mantener el consenso político".

La cadena aseguró que su campaña cumplía estrictamente la legalidad, ya que la corporación pidió piezas especiales que cumpliesen con los requisitos de la Ley de Financiación de RTVE. Pero las críticas de los populares que hablaban de "flagrante ilegalidad" supusieron el fin del anuncio en TVE, ya que esta iniciativa tenía como requisito primordial unir a los actores que pueden tomar medidas contra la crisis y no crear más polémica.

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