Bruselas, 11 abr (EFECOM).- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) aprobó hoy, con el voto en contra del PP, las recomendaciones del informe crítico con el urbanismo español elaborado por dos eurodiputados que visitaron la Comunidad de Madrid, la provincia de Almería y la Comunidad Valenciana.
El texto pide a las autoridades españolas, en particular al Gobierno valenciano, que precisen mediante leyes los criterios sobre "utilidad pública" para evitar "abusos del derecho de propiedad mediante decisiones de las autoridades regionales y locales".
También reclama a la Comisión Europea que examine las "posibles infracciones al Derecho comunitario y de los derechos y principios básicos reconocidos en el Tratado de la UE" a los ciudadanos afectados por la "urbanización extensiva" en España.
En paralelo, cuestiona "los métodos de designación y los poderes a menudo excesivos" atribuidos a los urbanizadores y promotores inmobiliarios, reclama la participación ciudadana en el desarrollo de los planes urbanísticos y pide la creación de comisiones de arbitraje para dirimir conflictos.
Las recomendaciones, que sólo tienen valor político, no jurídico, fueron aprobadas por 15 votos a favor y 3 en contra -los de los eurodiputados del PP Luis Herrero, Carlos Iturgaiz y Cristina Gutiérrez-Cortines-, tras un tenso debate.
El laborista británico Michael Cashman, coautor del informe junto al presidente de la comisión, el conservador polaco Marcin Libicki, abrió la discusión recordando que el PE ya criticó en diciembre de 2005 los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana y lamentando que "se haya hecho muy poco para mejorar la situación".
La visita, efectuada a fines de febrero y principios de marzo, tenía como fin estudiar quejas, sobre todo, de residentes, españoles o europeos, que han visto expropiadas parte de sus propiedades en virtud de planes urbanísticos o que adquirieron viviendas sin saber que eran ilegales y se enfrentan ahora a amenazas de derribo.
"En ningún otro país de la UE se abusa del derecho de propiedad de los ciudadanos como en España", dijo Cashman, que compareció flanqueado por dos baúles con cerca de 15.000 quejas sólo de la Comunidad Valenciana y centró sus críticas en esta región.
Señaló así que su entrevista con el conseller valenciano de Territorio, Esteban González Pons, no fue "constructiva, sino de confrontación", denunció haber recibido "ataques personales" y amenazó con acudir a los tribunales si se repitiesen.
"En la Comunidad Valenciana observamos la mayor arrogancia de las autoridades y la menor claridad de las explicaciones", dijo Cashman, para quien esta actitud "ha llevado a la destrucción a la preciosa costa" levantina.
"Los valencianos se merecen algo mejor", concluyó.
La Comisión Europea, que ha incoado un proceso de infracción porque considera que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) incumple la directiva europea sobre licitaciones, decidirá si denuncia esta legislación ante el Tribunal de la UE el próximo junio, según dijo hoy un representante del Ejecutivo comunitario en el debate.
En la discusión entre grupos, el madrileño Carlos Carnero (PSOE) se felicitó de que la visita de los eurodiputados haya frenado "los proyectos de urbanismo salvaje" en las localidades madrileñas de Galapagar y Torrelodones.
El valenciano Joan Calabuig, también socialista, calificó el informe de "varapalo" a la Generalitat valenciana, mientras que David Hammerstein, del grupo Los Verdes, aseguró que la Comunidad Valenciana se ha convertido en el "salvaje oeste europeo".
El popular Carlos Iturgaiz consideró, en cambio, que el texto sólo busca "desgastar al Gobierno del PP de Valencia", criticó que los eurodiputados no visitasen, según dijo, municipios socialistas, y advirtió de que puede afectar al turismo en España.
Por su parte, Herrero y Gutiérrez-Cortines pidieron, sin éxito, al presidente Libicki que postergase la votación de las recomendaciones del texto para buscar una redacción de consenso.
Gutiérrez-Cortines estimó que el documento contenía "buenas intenciones", pero que carecía de rigor y que era un "totum revolutum", mientras que Herrero lamentó que "no se ofreciesen soluciones constructivas" para consensuar un texto "con el que básicamente estamos de acuerdo". EFECOM
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