Madrid, 27 mar (EFECOM).- El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, lamentó hoy la "judicialización" de la pugna por Endesa y advirtió de que perjudica a las empresas y a la actividad financiera.
E.ON ha emprendido una ofensiva legal contra Acciona y Enel, mientras que la eléctrica italiana analiza si el acuerdo entre el grupo alemán y Caja Madrid vulnera la normativa sobre opas.
La Comisión Europea (CE) confirmó hoy que llevará a España ante el Tribunal de Luxemburgo por no haber retirado las medidas "ilegales" impuestas a la opa de E.ON.
A falta de una semana para que se cierre el plazo de aceptación de la oferta del grupo alemán, el pulso por Endesa se ha recrudecido y todo indica que el choque volverá a dirimirse en los tribunales.
E.ON anunció el domingo que denunciará a Enel y Acciona ante instancias judiciales y reguladoras, tanto españolas como internacionales.
Como primer paso, el grupo alemán ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que abra expedientes sancionadores a Enel y Acciona por "abuso de mercado, infracción de la normativa de opas y uso ilícito de información privilegiada".
Además, quiere que se les obligue a vender sus participaciones en Endesa, que se les prohíba comprar acciones de la eléctrica y que se les impida de forma permanente lanzar una opa.
La situación judicial se puede complicar aún más porque Enel ha pedido a sus abogados que analicen si el acuerdo suscrito entre E.ON y Caja Madrid infringe la actual normativa sobre opas. Según la eléctrica italiana, el acuerdo supone una acción concertada.
En principio, la ofensiva legal de E.ON no preocupa a Acciona. "No estamos preocupados, porque nuestro acuerdo (con Enel) es perfectamente legal", señaló el director general de Desarrollo Corporativo de la constructora, Juan Muro-Lara.
No opina lo mismo el Gobierno. El titular de Economía, Pedro Solbes, lamentó hoy en Bruselas la "judicialización" de las operaciones empresariales en torno a Endesa y el alargamiento del proceso que, dijo, "no es bueno para las empresas ni para la vida financiera".
"Nos preocupa que un tema que afecta a la vida de las empresas esté pendiente de solución durante un periodo de tiempo tan largo", añadió.
Una opinión similar a la que expresó ayer el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, quién dijo que la "judicialización" no beneficiará "para nada" a los accionistas minoritarios de Endesa.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, optó hoy por dirigir las críticas al Gobierno, al que acusó una vez más de intervencionista.
Según Rajoy, el Ejecutivo ha dado un "espectáculo inaudito", que está "afectando y mucho a la seguridad jurídica y a la imagen" de España en el exterior.
Al margen de las batallas judiciales y políticas, hoy se han conocido nuevos detalles del acuerdo suscrito entre Acciona y Enel para tomar el control de Endesa.
La constructora podrá vender sus acciones a la eléctrica italiana si dentro de tres años Enel y Acciona no tienen el control de la compañía española.
De entrada, la constructora calcula que la consolidación del 25 por ciento de Endesa le permitirá triplicar este año su beneficio bruto de explotación (EBITDA), hasta situarlo en 2.755 millones de euros.
El director general de Desarrollo Corporativo de Acciona explicó en una presentación ante analistas que la compañía no tiene previsto aumentar su participación en Endesa, situada en el 21 por ciento, antes de que se formule la opa.
Muro-Lara subrayó que "lo natural" es que los dos principales accionistas de Endesa -Acciona y Enel- logren entrar "tarde o temprano" en el Consejo de Administración de la eléctrica.
Aunque la opa de E.ON está a punto de finalizar, Bruselas no se olvida de la actuación del Gobierno durante su tramitación.
La CE acordará mañana llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por no haber retirado las medidas "ilegales" impuestas al grupo alemán.
El portavoz de Competencia del ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, confirmó a EFE que este tema está en la agenda de la reunión semanal de la CE.
El Ministerio de Industria insistió en que las condiciones impuestas a E.ON se ajustan a la normativa europea y restó trascendencia a que las diferencias con Bruselas se resuelvan en el Tribunal de Luxemburgo. EFECOM
mam/prb
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