El Gobierno español tiene motivos para poner sus barbas a remojo, al menos en el asunto del modelo de financiación de TVE. Sólo tiene que mirar lo que acaba de suceder en Francia para esperar idéntica suerte a este lado de los Pirineos.
En concreto, la Comisión Europea abrió ayer un expediente sancionador contra el Ejecutivo galo por las cargas que sufren los operadores de telecomunicaciones franceses, cuyos impuestos sirven para compensar la supresión de los ingresos publicitarios de los canales de televisión pública.
Bruselas considera que la tasa que sufren los operadores de telecos franceses para financiar la televisión pública de su país constituye "una carga incompatible con la legislación europea". La paradoja es que el modelo francés y el español están cortados por el mismo patrón, lo que invita a pensar que el Ejecutivo comunitario actuará de la misma forma en ambos mercados.
Fondos de duración limitada
En España, los principales operadores de telecomunicaciones están obligados a pagar desde principios de este año una tasa del 0,9% del total de sus ingresos para financiar a TVE, que el pasado 1 de enero suprimió la emisión de publicidad. El importe del nuevo canon supera los 230 millones de euros. Ahora bien, en el caso de que Bruselas obligue al Gobierno español a eliminar el referido impuesto, las cuentas de TVE no cuadrarán por ningún lado.
Fuentes del sector apuntan que los fondos públicos sólo sustentarían los presupuestos del ente televisivo hasta el próximo verano, lo que exigiría una aportación extraordinaria con cargo a los Presupuestos Generales.
Redtel, patronal que defiende los intereses de Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, considera que los operadores no obtienen ningún beneficio con el fin de la publicidad en TVE, algo que sí logran otros medios de comunicación (como Google) que no paga un céntimo por dicha circunstancia a modo de compensación.
Las compañías de telecomunicaciones afectadas recurrieron la tasa del 0,9% en los tribunales españoles y comunitarios, impuestas por una ley aquejada de "graves defectos legales, además de opaca, injusta y dañina", indicaron fuentes de las telecos. Redtel también denunció el verano pasado "la arbitrariedad" de la medida al indicar que los servicios audiovisuales de las compañías de telecomunicaciones apenas representan el 1% de la facturación total del colectivo.
Movilizaciones en TVE
Por otra parte, alrededor de 400 trabajadores de CRTVE protagonizaron ayer una movilización en las instalaciones de Torrespaña para exigir que se paralice y elimine la externalización de programas y se favorezca la producción propia. Además, los representantes de los trabajadores han convocado la realización de paros parciales a partir del 17 de febrero, así como una manifestación estatal el 20 de febrero y una huelga general el 3 de marzo.
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