Washington, 19 mar (EFECOM).- El juez federal Royce Lamberth aceptó hoy de forma provisional el acuerdo entre la multinacional bananera Chiquita Brands y la fiscalía, por el cual la empresa reconoció haber pagado a grupos paramilitares para proteger sus operaciones en Colombia.
Durante una sesión de una media hora en Washington, Lamberth dijo que aceptaba el acuerdo "provisionalmente", pero que tomará la decisión definitiva durante la audiencia en la que dictaminará la sentencia, fijada para el 1 de junio.
Como parte del pacto, Chiquita Brands pagará una multa fraccionada en cinco pagos de cinco millones de dólares cada uno, más intereses.
Es una cifra bastante menor que la pena máxima a la que se enfrentaba la empresa, que ascendía a 98,8 millones de dólares, según explicó Lamberth a la defensa.
Durante la audiencia, el fiscal Jonathan Martin Malis indicó que los pagos realizados por Chiquita Brands a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por "servicios de seguridad" fueron aprobados por altos cargos de la empresa, pese a que sabían que ese grupo era una "organización terrorista".
Esa calificación ha sido adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU.
Según la acusación, Chiquita abonó a las AUC más de 100 pagos por un total de 1,7 millones de dólares para proteger sus operaciones en las zonas bananeras de Santa Marta (norte) y Urabá (noroeste).
La defensa, a cargo de los abogados Eric Holder y James Garland, aceptó los cargos contra la compañía.
Como parte del acuerdo, Chiquita Brands se compromete a establecer un programa de ética para garantizar la legalidad de sus prácticas empresariales en el futuro. Además, acepta cooperar con la investigación en curso.
Por su parte, el Gobierno de EEUU no presentará más cargos criminales contra la empresa en relación con este caso, dijeron hoy sus representantes.
Si el juez aprueba el pacto, ambas partes también han acordado que no apelarán la sentencia.
Sin embargo, la empresa podría enfrentarse a un proceso en Colombia.
El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, dijo el viernes que pedirá a la justicia de Estados Unidos más información sobre el acuerdo entre Chiquita Brands y el Gobierno de EEUU.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, dijo el mismo día que está a favor de que la Fiscalía solicite la extradición de los directivos involucrados en los pagos.
El caso salió a la luz el miércoles, cuando la multinacional admitió, tras alcanzar el acuerdo con la fiscalía, que había realizado los pagos para proteger a sus empleados.
En junio de 2004 terminaron los desembolsos porque Chiquita Brands, que en Colombia operaba con el nombre de Banadex, vendió a una compañía nacional sus activos, que incluían 4.000 hectáreas de plantaciones.
Un documento presentado el miércoles por la fiscalía también acusa a Chiquita Brands de haber pagado anteriormente "a la organización terrorista de izquierda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (...) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN)". EFECOM
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