
La Paz, 13 mar (EFECOM).- El escándalo político desatado en Bolivia por los errores en los nuevos contratos petroleros se recrudeció hoy, tras discutir las multinacionales y el Gobierno sobre cuánto deben pagar las primeras con el nuevo régimen de la nacionalización.
Según medios locales, la empresa brasileña Petrobras, la hispano- argentina Repsol YPF y la francesa Total creen que su pago correspondiente a noviembre pasado debe ser de cuatro millones de dólares, cifra que depositaron en febrero, en vez de los 30 millones que exige el Gobierno y que abonaron el lunes bajo protesta.
Portavoces de las multinacionales consultadas por Efe dijeron que preferían no dar declaraciones por el momento.
La diputada opositora Lourdes Millares declaró hoy a Efe que esa discrepancia exige que el Congreso aclare las participaciones del Estado y las multinacionales en el negocio, pero el presidente de la petrolera estatal YPFB, Manuel Morales Olivera, dijo que el Gobierno será el único que fijará lo que debe pagarse.
El escándalo está cargado de confusión por numerosas versiones contradictorias de la oposición, el oficialismo, las petroleras y la prensa local.
No sólo hay disputas sobre los contratos firmados en octubre para los próximos 40 años, sino sobre los anexos de reparto de ingresos y respecto a la gravedad de los errores que cometió el Gobierno en las leyes que los aprobaron en noviembre.
Las 44 contratos fueron suscritos a fines de octubre pasado por doce empresas, entre ellas Repsol YPF, Petrobras y TotalFinaElf (estas tres socias en los campos de gas más grandes de Bolivia, "San Alberto" y "San Antonio").
Petrobras protestó anoche, en un comunicado, contra la decisión del Ejecutivo de seguir cobrando a las tres un impuesto especial del 32 por ciento, fijado en el decreto de nacionalización dictado por el presidente Evo Morales el 1 de mayo pasado.
En representación de las tres petroleras, Petrobras abonó el lunes lo que restaba de pagar para cubrir los 30 millones que exige el Gobierno, confirmó la compañía en un comunicado.
Pero advirtió de que acudirá "a todos los medios legales" para recuperar ese cobro, que considera "indebido" y "arbitrario".
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) respondió hoy, en rueda de prensa, que las multinacionales deben cumplir con el decreto que amplía el impuesto especial del 32 por ciento de la nacionalización hasta este mes.
"Existe un decreto y la empresa debe someterse a ese decreto que es la expresión de la voluntad del pueblo boliviano", dijo Morales Olivera, que no es familiar del jefe de Estado.
Agregó que esta medida seguirá hasta que entren en vigor los contratos de octubre, pero éstos están atrapados en un conflicto político entre el partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y la oposición.
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, compareció hoy nuevamente ante la Cámara de Diputados para abogar por la aprobación de una ley de enmiendas que corrija los errores cometidos por el gobierno de Morales en las normas que aprobaron los 44 contratos.
El MAS, que tiene mayoría en la Cámara Baja, se dispone a aprobar en las próximas horas la ley de correcciones, pero no podrá hacer lo mismo en el Senado, controlado por los opositores.
Millares, jefa de los diputados de la alianza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos), manifestó que la oposición no quiere "perjudicar nada", sino "dejar en claro" las confusiones sobre los ingresos del Estado y las petroleras.
Morales Olivera aseguró que en 30 años ingresarán a Bolivia por el campo "San Alberto" unos 20.000 millones de dólares y por "San Antonio" otros 19.000 millones.
Gran parte del escándalo político se debe a la revelación de la oposición de que fueron cambiados los anexos del contrato de Petrobras referidos a sus costos recuperables.
Morales Olivera asumió la responsabilidad por las negociaciones de 2006, pero el ministro Villegas ha dicho que los acuerdos para cambiar los anexos del contrato con Petrobras no fueron consultados ni a él ni al anterior presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz. EFECOM
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