Ávila, 9 mar (EFECOM).- El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, remitió al Juzgado de Primera Instancia número 2 un escrito en el que solicita que declaren como imputados en el caso de la "Ciudad del Golf" el director general del Medio Natural de la Junta, Mariano Torre, y el alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez.
Junto a ellos, también ha llamado a declarar al secretario del Ayuntamiento, Carlos de la Vega, y al ex-delegado de la Junta de Castilla y León en Ávila, Félix San Segundo, que en aquel momento también era presidente de la Comisión de Urbanismo, confirmó hoy a Efe el fiscal jefe de Ávila.
El fiscal jefe, que presentó dicho escrito ayer, dijo a que en la actuación de estas cuatro personas existen indicios de un presunto delito de prevaricación, así como contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.
Juan Miguel Gómez dijo hacer suya la denuncia presentada a mediados del pasado mes de noviembre por ocho organizaciones ecologistas y Comisiones Obreras, al estimar que en el caso de la "Ciudad del Golf" de Las Navas del Marqués (Ávila), pueden haberse cometido hasta siete presuntos delitos.
La denuncia, de la que se presentó una copia ante la Fiscalía Especial de Medio Ambiente, fue planteada por la Asociación Ecologista Centaurea; WWW/Adena; SEO/BirdLife; Greenpeace España; Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León; Amigos de la Tierra; Cantueso; Grupo de Acción para el Medio Ambiente (Grama) y la Unión Sindical de Comisiones Obreras.
Todos ellos consideran que en esta operación pueden haberse cometido hasta siete supuestos delitos contra la ordenación del territorio; prevaricación; tráfico de influencias; falsificación de documento público; contra la protección de la fauna; malversación de caudales y bienes públicos y de fraude a ente público.
Sin embargo, el fiscal jefe sólo ha apreciado indicios de presuntos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.
Junto a los cuatro imputados, también figuraba el entonces presidente de la Diputación Provincial y actual secretario de Organización del PP, Sebastián González, pero Gómez comentó a Efe que "de lo leído no se encuentra conexión" con estas actuaciones.
La decisión del fiscal jefe fue adoptada después de analizar las dos cajas de documentos remitidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 el pasado mes de enero, con la documentación correspondiente tanto a la Comisión Territorial de Urbanismo, como a la Dirección General del medio Natural.
Juan Miguel Gómez, que aclaró que la concesión procesal de los ahora imputados "no les obliga a declarar", no descartó la posibilidad de que a esta lista se puedan sumar en el futuro otros nombres, si se determinan posibles irregularidades como "tráfico de influencias o connivencia" en la venta de la parcela.
El fiscal jefe de Ávila argumenta que su decisión se basa en que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dio el visto bueno a una actuación que afectaba a 12 hectáreas consideradas como área crítica para la cigüeña negra, que fueron "desclasificadas en seguir el procedimiento establecido".
Desde su punto de vista, se trataría de una "decisión arbitraria y grave".
Según Gómez, los delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente llevan aparejadas penas de entre seis meses y dos años de prisión y de entre seis meses y cuatro años de cárcel respectivamente.
Por su parte, el delito de prevaricación implicaría la inhabilitación de los acusados.
La "Ciudad del Golf", promovida por 'Residencial Aguas Nuevas, S.L.', fue paralizada a principios de octubre por una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y león (TSJ), que anuló la consideración como "suelo urbanizable", de las 210 hectáreas en las que se pretendía realizar 1.600 viviendas, un campo de golf y dos hoteles de lujo.
Pese al fallo, el promotor taló hasta el 9 de octubre durante varios días en torno a 5.000 pinos, hasta que el alcalde navero, Gerardo Pérez, decretó la "paralización cautelar" de los trabajos, a instancias de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente.
El presidente de la Asociación Ecologista Centaurea, Carlos Bravo, se mostró "satisfecho" con la decisión del fiscal jefe, aunque consideró, en declaraciones a Efe, que la imputación "no se puede quedar en estos cuatro señores".
En este sentido, se refirió tanto a la actual vicepresidenta primera de la Junta, María Jesús Ruiz, que en aquel momento, como consejera de Medio Ambiente, "firmó la Declaración de Impacto Ambiental", como al consejero de Medio Ambiente actual, Carlos Fernández Carriedo, y al secretario de Organización del PP, Sebastián González.
"Tenemos muy claro que hubo prevaricación y falsedad en documento público", señaló, a la vez que pidió que "se investigue y se depuren responsabilidades". EFECOM
ag/pddp/ero
Relacionados
- La ciudad de Helsingor (Dinamarca) se incorpora al programa de suscripción de licencias municipales de Bentley
- La ciudad de Helsingor (Dinamarca) se incorpora al programa de suscripción de licencias municipales de Bentley
- RSC.- Barcelona acoge a partir de mañana 'Ecocity', con soluciones medioambientales para la industria y la ciudad
- RSC.- Medio centenar de autobuses circularán por la ciudad de Pamplona impulsados por biodiésel puro de Acciona
- La Diputación de Castellón, estrella en YouTube: Luis Aguilé lleva al éxito un anuncio promocional de la ciudad
