Madrid, 5 mar (EFECOM).- El Gobierno anunció hoy que incrementará su implicación ante la crisis de la factoría que la multinacional estadounidense de componentes para automoción Delphi tiene en Puerto Real (Cádiz) tras la presión política y sindical para evitar el cierre de la planta.
El sindicato UGT advirtió de que el cierre de Delphi podría tener "visos de ilegalidad" y el PP andaluz condicionó su voto a favor de una iniciativa parlamentaria del pleno andaluz a que se "pase del apoyo a los trabajadores a la propuesta de soluciones".
Estas reclamaciones se produjeron al tiempo que el ministro de Industria, Joan Clos, anunció hoy que se pondrán en marcha políticas conjuntas entre las administraciones central y autonómica para resolver los problemas de Delphi.
Clos, que viajó Tarifa para reunirse con los representantes del comité de empresa de Delphi en el Ayuntamiento de esta localidad, dijo que "tendremos la información precisa para tomar decisiones y articular políticas en el ámbito laboral y social".
Además la oficina económica de la Presidencia del Gobierno se ha sumado al Grupo de Trabajo que gestiona, junto con la Junta de Andalucía, el posible cierre de la planta gaditana.
Según informaron fuentes del Gobierno, se trata de una mayor implicación del Ejecutivo ya que "participa un departamento directamente dependiente del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo que demuestra el interés por buscar una solución y alternativas al empleo en la zona de Puerto Real".
La oficina económica de la Presidencia del Gobierno participará a partir de hoy en las reuniones que mantengan los secretarios generales de Industria, Joan Trullén, y de Empleo, Antonio Fernández con los consejeros de innovación y empleo andaluces.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, pidió hoy "un compromiso muy fuerte" por parte del Gobierno y de la Junta de la Andalucía para que "la multinacional no se salga con la suya".
Méndez recordó, tras la presentación de unas jornadas sobre empleo público y enseñanza, que el cierre de la planta de Puerto Real afectará a unos 4.000 trabajadores, entre puestos directos e indirectos, y que Delphi "no se puede cerrar en ningún caso".
Según el dirigente de UGT, "vamos a oponernos con uñas y dientes a esta decisión, que incluso tiene visos de ilegalidad, según las normas laborales de nuestro país".
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, apuntó que el cese de la actividad en Delphi "traerá consecuencias" ya que se trata de una decisión "que no es legal ni moral" y criticó al Gobierno por "resignarse" al cierre de la factoría y contemplar sólo medidas "paliativas" ante el despido de 1.600 trabajadores.
Por otra parte, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, señaló hoy que la Comisión Europea creará un fondo de ayuda para los trabajadores y territorios afectados por deslocalizaciones que impliquen el final de una actividad productiva que salga fuera del territorio de la Unión Europea (UE).
Durante la presentación de un libro sobre política de cohesión de la UE en España, Almunia dijo que "ese fondo entrará en vigor lo antes posible y es un elemento importante para ayudar a quienes sufren directamente las consecuencias de un proceso de esta naturaleza".
El comisario europeo agregó que las "administraciones españolas deben exigir la recuperación de las ayudas públicas que se hayan dado a inversores y que no estén siendo utilizadas para aquello para lo que fueron destinadas". EFECOM
rdm/jla
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