La Paz, 2 mar (EFECOM).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo hoy que ha aceptado dialogar con la multinacional suiza Glencore para explicarle las razones de la expropiación de la planta de fundiciones Vinto, decidida el mes pasado.
Morales señaló a periodistas en el Palacio Presidencial, en La Paz, que se envió una carta a los ejecutivos de la firma europea para comunicarles la decisión de aceptar el diálogo que la compañía planteó la semana pasada en una misiva dirigida al gobierno.
"Quiero decir a la empresa, al gobierno de Suiza y a sus representantes que el diálogo siempre va (a) estar abierto y (que estamos) dispuestos a demostrar por qué se ha nacionalizado esta empresa", afirmó el mandatario.
El 9 de febrero Morales expropió sin indemnización esa planta metalúrgica situada en el departamento andino de Oruro, en un acto propagandístico con docenas de soldados y periodistas.
Glencor había comprado esa planta en 2005 a la minera Comsur, propiedad del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
Para justificar la "recuperación" de Vinto, Morales argumentó daños económicos e ilegalidades en la transferencia de la empresa en 1999 a la británica Allied Deals, liquidada hace años en Londres, firma que, a su vez, la vendió luego a Sánchez de Lozada.
El Estado entregó Vinto a Allied Deals por 14 millones de dólares cuando su valor contable era de 140 millones, sostiene Morales.
Informes periodísticos suizos señalan que Glencore compró Vinto al ex presidente por cerca de 90 millones de dólares y pagó 200 millones más por otras concesiones mineras, pero el gobierno boliviano actual afirma que no conoce cifras oficiales al respecto.
Morales sostuvo hoy que Vinto le "ha costado mucha plata (dinero) al Estado" y que es una compañía en la que los accionistas privados han hecho "poca o casi nada de inversiones".
Además de Vinto, el ministerio de Minería ha adelantado que estudia expropiar minas en la zona andina que gestionaba Comsur y también pasaron a manos de Glencore.
Morales acusa a Sánchez de Lozada de "genocidio" por la represión de manifestaciones populares en octubre de 2003, que dejó 62 muertos, y está empeñado en conseguir que lo extradite Estados Unidos, donde reside el ex presidente desde que fue forzado a abandonar el poder en aquel mes. EFECOM
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