Bruselas, 1 mar (EFECOM).- El secretario de política económica del PP, Miguel Arias Cañete, confió hoy en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) llegue "a las últimas consecuencias" en la investigación de la entrada de Enel en Endesa, e interrogue "a todos los que han intervenido", incluido José Luis Rodríguez Zapatero.
Arias Cañete hizo estas declaraciones en Bruselas, donde acudió para acompañar a varios candidatos regionales del PP a una reunión con la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, para tratar sobre las reformas de la OCM del vino y de las frutas y hortalizas.
El portavoz del PP reclamó una "intervención decidida" de la CNMV para "restablecer el orden jurídico" en caso de que se demuestre que una serie de actores han colaborado para "boicotear" la opa de la compañía alemana E.ON sobre la eléctrica Endesa, con acciones como facilitar la entrada de la italiana pública Enel.
A juicio de Arias Cañete "tenemos todos los indicios de que el Gobierno conocía la operación" y de que había dado "luz verde" e impulsado la misma para "perjudicar a los accionistas minoritarios" de Endesa.
A este respecto, el ex ministro de Agricultura se refirió tanto a la reunión en Ibiza del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con su homólogo italiano, Romano Prodi, como al encuentro del consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, con el ministro de Industria, Joan Clos, y el director de la Oficina Económica de Presidencia, David Taguas.
"No creo que hablaran del Inter de Milán-Real Madrid", ironizó Arias Cañete, antes de reflexionar que "nadie prepararía una operación de esta envergadura sin el consentimiento del Gobierno español, porque sería suicida".
En este contexto, para el portavoz económico del PP la CNMV debe "interrogar" y "pedir explicaciones" desde a Zapatero y Clos hasta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el consejero delegado de Enel y a los bancos de inversión implicados.
Arias Cañete acusó al ejecutivo socialista de ofrecer una imagen internacional de "falta de seguridad jurídica" y "vulneración de la legalidad comunitaria".
Recordó que Bruselas ya ha abierto dos expedientes a España por sus decisiones en torno a esta operación, y lamentó que de nuevo "el Gobierno se enfrente a la Comisión sin ningún fundamento jurídico". EFECOM
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