Bilbao, 28 feb (EFECOM).- El Tribunal de Defensa de la Competencia, que investiga si ha habido un supuesto pacto entre las cajas vascas y Caja Navarra para repartirse el mercado, ha pedido un informe sobre este asunto al tribunal vasco en la materia, pero le ha denegado la información adicional solicitada, lamentó su presidente.
Juan Luis Crucelegui, presidente del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, desveló hoy en Bilbao, donde dicho organismo desarrolla unas jornadas divulgativas, que la autoridad estatal ha demandado a la vasca un informe "preceptivo" y "no vinculante" sobre este asunto, en lo que supone el primer informe que encarga a un organismo autonómico.
Se trata de un encargo en el que el tribunal estatal da cumplimiento a la legislación vigente en la materia, que "obliga" al organismo a pedir un informe de esas características en el caso de que "resuelva un asunto que afecta de forma importante a una comunidad autónoma", según señaló.
Crucelegui explicó que en el informe solicitado "tenemos que dar una opinión sobre las conductas que se imputan a las cajas vascas y a la caja navarra y, en su caso, analizar si la instrucción ha sido debidamente realizada".
Pese a que el encargo data de hace cerca de mes y medio y la ley establece que el organismo autonómico debe emitir su informe en un plazo de diez días, el tribunal vasco aún no lo tiene elaborado porque solicitó más información que la contenida en el informe del Servicio de Defensa de la Competencia.
Crucelegui, que anunció que van a solicitar una prórroga de dicho plazo, se quejó de que la autoridad estatal haya denegado recientemente tal petición.
"Nos dan acceso solamente al documento de Servicio -de Defensa de la Competencia- y no nos dan acceso a todo el expediente, paradójicamente", según lamentó.
El organismo vasco quiere analizar también el resto de los documentos a los que se hace mención en el informe citado, así como a las alegaciones de las partes implicadas.
"Hemos protestado -dijo- porque pensamos que nos tenemos que posicionar sobre las conductas, no sobre un informe".
A su juicio, la actitud de la autoridad estatal "no es muy coherente porque somos órgano consultivo y pensamos que tenemos que auxiliar al Tribunal y otorgarle mayores elementos de juicio para que adopte una decisión más coherente o más cercana a la realidad, que nosotros -evidenció Crucelegui- conocemos mejor porque las cajas funcionan básicamente en el País Vasco". EFECOM
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