La cúpula directiva y los principales accionistas de la inmobiliaria Lábaro se enfrentan a una denuncia por un posible desfalco en la compañía antes de que ésta presentara el concurso de acreedores el pasado 4 de abril.
La denuncia ha sido ya admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 20 de Madrid, procediendo a la apertura de diligencias y a la citación como imputados del presidente de la compañía, Julio Mateo; del consejero delegado, José Bosch; de su predecesor en este cargo, Rafael de los Reyes Román; y de uno de los principales accionistas, Ignacio Barco, socio de referencia de Domingo Díaz de Mera, antiguo accionista de Colonial.
La denuncia la ha presentado Manuel Wescenlán, ex director general de Lábaro y accionista todavía de la compañía con una participación del 5,6% del capital. El juez está investigando en concreto la compra a terceros por parte de Julio Mateo e Ignacio Barco, entre otros, de terrenos situados en Galicia para revenderlos poco después a Lábaro por más del doble, utilizando para ello sociedades interpuestas. De esta manera, el presidente de Lábaro e Ignacio Barco trataban de obtener jugosas plusvalías personales a costa de la sociedad.
Sociedades interpuestas
De acuerdo con la denuncia, a la que ha tenido acceso elEconomista, ambos compraron por ejemplo terrenos en Orense en la primavera de 2007 a dos sociedades denominadas Maexpa y Finprame a través de varias de sus empresas: una vinculada a Julio Mateo, Rentoy Desarrollos Urbanísticos, y otras dos a Barco y Díaz de Mera, Sadia y Señorío de la Alcarría, participando además en menor porcentaje otras sociedades accionistas de Lábaro.
Mateo y Barco pactaron pagar por los terrenos 27,5 millones de euros, aunque tan sólo adelantaron como señal 2,75 millones, un 10% del total. Posteriormente, acordaron que Lábaro pagaría a las sociedades vinculadas a ellos 22,25 millones y a los propietarios iniciales de los terrenos otros 24,75 millones. Es decir, que el precio total se elevaba a 47 millones de euros, prácticamente el doble de lo pactado inicialmente y con un desembolso mínimo por su parte.
Precios excesivos
Y algo parecido pudo ocurrir también en la Costa Brava, en la localidad gerundense de Begur. Lábaro acordó comprar el 20 de diciembre de 2006 unos terrenos por casi 17 millones de euros, lo que según la denuncia, resulta "totalmente desproporcionado".
Este suelo no tiene calificación de uso residencial, sino hotelero y, según la denuncia de su ex director general, "existen tasaciones oficiales de las dos fincas, coetáneas con la celebración de los contratos en las que se valora cada una de ellas en 2,4 y 1,18 millones de euros respectivamente". El juez está investigando ahora por qué Lábaro acordó pagar hasta cinco veces más del precio real en el que estaba tasado el suelo y si alguien obtuvo algún beneficio a cambio.
En la localidad madrileña de Rivas, el ex consejero delegado de Lábaro, Rafael de los Reyes Román, que estuvo en su puesto hasta septiembre de 2008, firmó asimismo en marzo del año anterior un contrato con la sociedad Ledgrin House, por el que Lábaro se subrogaba en los derechos y obligaciones que ésta tenía como compradora de unas naves industriales adquiridas a la firma Rivas Futura.
El precio total de esa compraventa se elevó a 8,4 millones de euros, que se pagarían en tres plazos. El problema es que cuando Lábaro firmó el contrato pagó 2,4 millones a Ledgrin, una sociedad opaca y sin solvencia que, según los denunciantes, sólo había abonado a Rivas Futura 338.165 euros, exclusivamente un 3,99% del precio total pactado, con lo que la compra de los derechos queda en entredicho al no haberse cumplido las condiciones pactadas.
"Hasta tal punto Lábaro es consciente de que no ha adquirido ningún derecho sobre inmuebles en esta operación que, en el listado de acreedores que presenta junto a la solicitud de concurso, no se incluye a Rivas Futura", se asegura en la denuncia. Es decir, Lábaro desembolsó casi dos millones y medio de euros y se quedó sin las naves industriales.
Otra de las operaciones presuntamente sospechosas es la venta de un terreno en Madrid que efectuó Lábaro a una sociedad llamada Naesgo el 28 de marzo de 2007. La administradora única de esa compañía es Natalia Escalera Gómez, la mujer del presidente de Lábaro. La finca contaba con una hipoteca a favor de Caixa Catalunya de cinco millones de euros. Según la denuncia, Naesgo pagó directamente 1,4 millones de euros, "quedando el resto del precio a expensas de cancelar la hipoteca". Al final esa deuda con Caixa Catalunya se zanjó, pero no lo hizo quien correspondía, Naesgo, sino que fue el grupo Lábaro el que saldó esa hipoteca.
Todas las operaciones que cuestiona la denuncia admitida a trámite se realizaron entre finales de 2006 y finales de 2007, es decir, se efectuaron cuando el boom inmobiliario estaba tocando a su fin y el mercado empezaba a estar malherido por el frenazo del sector residencial. Entre mediados de 2006 y de 2007, el mercado inmobiliario vivía una fiebre de compras. A esta tendencia, el grupo Lábaro quiso sumarse al abrir las puertas a socios que aportasen activos. Esa operación finalmente no se llevó a cabo. Y es que la crisis empezaba a tocar la puerta de las cuentas del grupo. Para finales de 2007, en la denuncia se advierte de los problemas económicos que ya atravesaba el grupo Lábaro, con impagos a terceros de casi 30 millones.
Grupo Lábaro suspende pagos
