Llevamos 10 años con lo mismo. Desde el Código Olivencia (1998) se está pidiendo moderación en las retribuciones. ¿Cuándo se hará algo?
Cierre los ojos e intente poner nombres y caras a la historia que le voy a contar. En Estados Unidos, una de las empresas más admiradas del mundo, la misma que la prestigiosa consultora McKinsey tomó de modelo para el resto del mundo empresarial, acaba de presentar su bancarrota. Empieza a caerse el castillo de naipes.
Los ahorros de millones de inversores desaparecen con el desplome de la bolsa y el pluf de algunos planes de pensiones, mientras los responsables de este escándalo se retiran a sus mansiones con multimillonarias indemnizaciones y bonus desorbitados.
El inquilino de la Casa Blanca promete mano dura, nuevas leyes para erradicar el fraude empresarial y terminar con las remuneraciones desorbitadas. Rápidamente, se suben a este caballo de batalla el resto de potencias mundiales, dispuestas a plantarle cara al abuso de los directivos. Ha llegado la hora del cambio.
¿Se atreve a poner nombres y caras a estas historias? Si ha pensado en Lehman Brothers, Barack Obama o la actual crisis financiera, ha fallado. Esta historia se remonta a finales de 2001, cuando Enron presentó su bancarrota y dio el pistoletazo de salida a una carrera de escándalos empresariales que forzaron al entonces presidente, George Bush (hijo), a arrancar la Ley Sarbanes-Oxley para reinstaurar el orden corporativo y erradicar los excesos de las cúpulas.
El resto del mundo, infectado por la misma enfermedad, también puso en marcha sus propias reformas de buen gobierno, como el Informe Winter, elaborado por la Unión Europea, el británico Higgs, o el español Aldama, que se inspiró en el Código Olivencia, de 1988, y en los cambios que estaban implantándose en el resto del mundo.
Ahora, la historia se repite. Del mismo modo que Enron dio el pistoletazo de salida a una imparable lista de escándalos empresariales, la quiebra de Lehman Brothers ha encendido la bomba de relojería que se escondía detrás del sistema financiero.
El desaparecido banco de inversión dio la puntilla a Merrill Lynch, AIG y provocó la nacionalización de medio sector bancario europeo y estadounidense, cuyos responsables, lejos de entonar el mea culpa, se fueron a casa con indemnizaciones de oro y bonos millonarios.
El buen gobierno ha vuelto a fallar. Los límites se han saltado, los controles se han demostrado insuficientes, y la buena voluntad de algunos ejecutivos resulta difícil de defender cuando se autopremian con variables de vértigo tras haber llevado a la ruina a su entidad.
Como muestra, un botón: los 140 millones de dólares (94 millones de euros) que, según Thomson Reuters, cobrarán las cúpulas de las principales entidades financieras de Estados Unidos (Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Blackstone, Ameriprise Financial, BlackRock, Charles Schwab y Jefferies), las mismas que hace un año pidieron dinero al Gobierno para evitar seguir el camino de Lehman Brothers.
En España, los 54 millones del plan de pensiones que acaba de activar José Ignacio Goirigolzarri con su salida del BBVA, tras ocho años como consejero delegado, también han hecho correr ríos de tinta.
Y lo ha hecho en un momento en que los gobiernos de todo el mundo han reabierto la batalla contra la remuneraciones de oro. En España, esta misma semana, el supervisor del mercado (CNMV) ha reconocido su intención de obligar a las compañías cotizadas a publicar la retribución individualizada de sus consejeros y ejecutivos, y someterla al voto de la junta.
Estas dos medidas ya están incluidas en el Código Unificado, también conocido como Código Conthe. Pero no son obligatorias. Las compañías pueden incumplirlas con la única condición de decir el motivo, y éste puede limitarse a un escueto: "no lo considero conveniente".
Todavía resulta más escandaloso desempolvar papeles del pasado y comprobar que el informe Aldama (2003) ya proponía detallar el sueldo de cada directivo, idea que tomó del Código Olivencia (1988), donde además se recomendaba ajustar las remuneraciones a criterios de moderación y ligarlos al rendimiento de la sociedad.
Parece que nada ha cambiado. Es la historia interminable del buen gobierno: cuando salta un escándalo, se hace mucho ruido con nuevas normas, pero se obtienen pocas nueces. Al menos, en lo que respecta a las retribuciones. ¿Será ahora distinto? "No creo que esta vez sea la definitiva", señala Tomás Garicano, profesor y director del Centro de Gobierno Corporativo de IE Business School. "Nos movemos en un sistema de prueba y error, que ahora mejorará, pero se quedarán muchos flecos por cubrir. Es cuestión de ir avanzando. Ahora, se va a meter mano a las retribuciones, porque es un clamor social, lo que no sé es hasta dónde se llegará. Pero, lo que sí tengo claro, es que las recomendaciones de la Unión Europea no dicen ninguna tontería".
El profesor de IE se refiere a las propuestas de Bruselas de limitar a dos años de salario fijo las indemnizaciones de los directivos, ampliar a más de tres años el plazo de ejercicio de las opciones sobre acciones, ligar el variable con objetivos no especulativos y con un horizonte de cumplimiento y cobro de medio y largo plazo, publicar de manera individualizada las remuneraciones, someterlas al voto de la junta y explicar en detalle la fórmula utilizada para calcular su cuantía. Todas ellas, medidas que la CNMV quiere imponer en España por ley.
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