Morales encara nacionalización minera sin concluir la aplicada a petroleras

Javier Aliaga

La Paz, 9 feb (EFECOM).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, emprendió hoy la nacionalización de la minería con la recuperación estatal de una fundidora suiza, cuando todavía enfrenta problemas para aplicar la medida similar dictada en mayo del 2006 en el sector de los hidrocarburos.

Morales firmó hoy un decreto que devuelve "al dominio del Estado el complejo metalúrgico Vinto con todos sus activos actuales", luego de que el Ejército ingresara por la fuerza a las instalaciones de la fundidora, dependiente de la multinacional suiza Glencore, situadas cerca de la ciudad andina de Oruro.

La nacionalización de la fundidora está en línea con las reformas que planea Morales para la minería, que incluyen un proyecto para subir entre un 60 y un 70 por ciento los impuestos al sector y la gestión estatal de la mina de estaño Huanuni, la más rica del país.

Para justificar la recuperación estatal de Vinto, el gobierno argumentó daños económicos e ilegalidades en la transferencia en 1999 de la empresa a la británica Allied Deals, liquidada hace años en Londres.

Según el gobierno, Allied Deals pagó al Estado 14,7 millones de dólares (10 millones de euros) por Vinto, pese a que su valor era de 140 millones de dólares (98 millones de euros), y además recibió minerales para ser comercializados por 16 millones más.

La fundidora pasó luego a manos de la Comsur, propiedad del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que gobernó Bolivia en los períodos 1993-1997 y 2002-2003, y que en el año 2005 vendió sus compañías a la suiza Glencore.

Morales dijo que también nacionalizará el resto de empresas que fueron de Sánchez de Lozada, que vive en EEUU desde que renunció a la Presidencia el 17 de octubre del 2003 para poner fin a una ola de protestas reprimida por el Ejército que dejó 63 muertos.

Entre tanto, se retrasa semana a semana la entrada en vigor de los 44 nuevos contratos firmados con doce multinacionales en octubre pasado tras la nacionalización petrolera decretada por el presidente el año pasado, puesto que la empresa estatal YPFB todavía no ha cumplido con el requisito de protocolizarlos en una notaría de gobierno.

Además, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) paralizó esta semana el proceso de contratación de consultores que debían evaluar las cinco empresas, tres mixtas y dos privadas, nacionalizadas por Morales.

Las decisiones asumidas en YPFB provocaron que el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, se declarara "tremendamente molesto" con el retraso en la aplicación de los contratos, lo que desató a continuación versiones periodísticas sobre su presunta dimisión.

Sin embargo, fuentes del ministerio dijeron a Efe que Villegas se encuentra hoy trabajando en su oficina y planifica viajes a Brasil y Argentina para la siguiente semana para tratar asuntos petroleros.

YPFB señaló hoy que entregó a Villegas un informe en el que se explica que se detectaron errores en las leyes promulgadas sobre los contratos y que, por tanto, éstos deben ser corregidos antes de protocolizar los acuerdos.

"Estos errores no afectan al contenido" de los convenios con las petroleras, dijo YPFB antes de agregar que se refieren "exclusivamente a aspectos formales, pero de importancia jurídica".

El retraso en hacer operativos los contratos provocó comentarios de expertos del sector y juristas, que lo atribuyeron a supuestos problemas derivados del hecho de que el nuevo presidente de YPFB, Manuel Morales Olivera, designado a fines de enero, no cumple con los requisitos legales fijados en el estatuto de la empresa.

Morales Olivera reconoció que no tiene un título universitario ni diez años de experiencia en el sector como pide el estatuto, aunque matizó que esos requisitos no deben aplicarse en una designación interina como la suya. EFECOM

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