Madrid, 8 feb (EFECOM).- La Fundación Alternativas criticó hoy la "excesiva ideología" y la "falta de racionalidad económica" de las Administraciones Públicas en la construcción y la adjudicación de infraestructuras, sector en el que la inversión ha estado tradicionalmente condicionada por la "oportunidad política".
Así lo refleja el estudio "Infraestructuras: más iniciativa privada y menos sector público", encargado por la Fundación Alternativas al economista Ginés de Rus Mendoza, para quien las decisiones sobre infraestructuras siguen estando "plagadas de prejuicios".
Según De Rus, la obra pública está "mitificada socialmente", ya que se sigue creyendo que invertir en grandes infraestructuras "siempre es bueno" para la economía.
Sin embargo, matizó el profesor, las infraestructuras "son condición necesaria, pero no suficiente para lograr crecimiento. Es como pensar que la construcción de un aeropuerto en el desierto del Sahara va a generar por sí sólo más turismo en la zona".
En este sentido, citó como ejemplo "controvertido" la inversión en Alta Velocidad, un opción rechazada por países como Reino Unido y Suecia, pero a la que España ha dedicado una cantidad "elevadísima" de dinero, sin que haya resultado "decisiva para el crecimiento económico".
De hecho, añadió, "lo único que ha aportado (el AVE) ha sido rapidez al usuario, pero no ha supuesto nada para el transporte de mercancías ni tampoco ha resuelto el problema de la congestión del tráfico por carretera", ya que la Alta Velocidad sólo le ha quitado pasajeros al avión.
"Lo más rápido, lo más grande y lo más moderno no es siempre necesario", dijo De Rus, quien cree que a veces "esperar resulta rentable".
"Con la Alta Velocidad se ha abierto una puerta que ya no se puede cerrar", ya que si el AVE llega a una determinada Comunidad Autónoma "la de al lado también lo quiere" y presiona al Gobierno central hasta conseguirlo.
A su juicio, la construcción de algunas líneas "debería de haber esperado" a una evaluación más detallada, como es el caso del trayecto Madrid-Barcelona, un proyecto financiado en un 75 por ciento por el Estado, que va a costar "más de 6 mil millones de euros" y del que ni siquiera se sabe "qué demanda va a tener".
El problema, según De Rus, es que la agenda política, "marcada por los cortos tiempos electorales", tiende a elevar el riesgo de las empresas privadas y los costes de las infraestructuras.
Por esta razón, el autor del informe cree que "hay que defender una evaluación económica rigurosa de los proyectos", al tiempo que hay que "examinar las políticas de ayudas y subvenciones para aumentar la probabilidad de que los planes aprobados sean los mejores" y den respuesta a las necesidades sociales.
De Rus puso como ejemplo la protección que tradicionalmente ha disfrutado el ferrocarril en España, con una ley por la que el Estado financia un tercio de cualquier inversión que se realice en este medio de transporte.
Una legislación que "no se corresponde con la realidad", teniendo en cuenta, por ejemplo, que el ferrocarril sólo concentra un cinco por ciento del transporte de mercancías, que se realiza mayoritariamente por carretera. EFECOM
mmr/prb
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