Madrid, 8 feb (EFECOM).- La futura ley de Defensa de la Competencia continuará su trámite parlamentario tras haberse retirado las enmiendas a la totalidad gracias a los acuerdos del Gobierno con CiU y PP, que supondrán modificar numerosos aspectos del texto original.
La ley, en cualquier caso, mantendrá su objetivo principal de "reforzar la independencia" de los órganos reguladores de la competencia, así como la seguridad jurídica de los operadores económicos, según aseguró el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, en su defensa del proyecto en el pleno del Congreso de los Diputados.
La nueva ley integrará los actuales Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) y Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) en una nueva "autoridad" que será la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), aunque manteniendo la separación entre las fases de instrucción -que ahora dependen del Servicio- y la resolución, que ejerce actualmente el Tribunal.
Después de que el PP anunciase ayer la retirada de su enmienda, quedaba sólo la del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), que finalmente también la retiró al recibir de Solbes el compromiso de seguir debatiendo y aceptar algunas de las modificaciones que reclamaba este partido relativas a las competencias autonómicas.
No obstante, los portavoces de varios grupos, entre ellos el PNV y ERC, mostraron sus reparos al acuerdo de socialistas y populares, por entender que es incompatible con la defensa que ellos hacen de las competencias de las comunidades autónomas en esta materia.
Según aseguró en el pleno el diputado del PP Antonio Erias, el acuerdo alcanzado por este partido con el Gobierno y el PSOE permitirá que haya una "menor injerencia" del Ejecutivo en materia de concentraciones empresariales, y el aumento de miembros del Consejo -que serán seis en lugar de cuatro, como rezaba el anteproyecto-, garantizará un "mayor pluralismo" del futuro órgano de resolución.
Los miembros del Consejo, además, serán nombrados durante seis años sin posibilidad de renovación. Esto impedirá que sean sustituidos si cambia el gobierno con una nueva legislatura.
Con la nueva ley, todas las decisiones sobre concentraciones las tomará la CNC, y el Gobierno sólo intervendrá en los casos en los que éstas puedan afectar al interés general.
No obstante, con el acuerdo con el PP se reducirá la lista de criterios de interés general a "cuatro o cinco", según anunció Erias.
Por parte de CiU, este partido ha retirado su enmienda tras recibir el compromiso de Solbes de cambiar varios aspectos relacionados con las competencias autonómicas.
Así, según fuentes de CiU, las comunidades podrán participar en el proceso de control de concentraciones con la elaboración de informes consultivos, y también podrán confeccionar informes sobre las ayudas públicas que otorgan las administraciones.
Además, se mantiene la competencia autonómica para la apertura de establecimientos comerciales, compromiso que subrayó el propio Solbes en el pleno.
Solbes citó en su intervención otras de las principales novedades de la ley, como la atribución de competencia a los jueces mercantiles para aplicar las normas sobre acuerdos restrictivos y abusos de posición de dominio.
Además, se amplía del 25 al 30 por ciento la cuota de mercado que debe haber para que las empresas informen a la CNC de una concentración.
El vicepresidente también recordó que, en línea con la normativa comunitaria, el Consejo podrá imponer "condiciones estructurales" a las empresas en forma de sanción, como desinversiones o cambios en su estructura.EFECOM
pamp-sgb/prb
