Empresas y finanzas

Tribunal UE puede tardar cerca de dos años en sentenciar sobre decreto CNE

Bruselas, 24 ene (EFECOM).- La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ampliación de las competencias de la CNE puede demorarse cerca de dos años, dado que la Comisión no planea pedir una tramitación urgente y que el plazo medio que tarda la corte europea en pronunciarse se sitúa en torno a 24 meses.

Fuentes del Tribunal de Justicia indicaron a EFE que la Comisión Europea no ha registrado todavía su denuncia contra España por el decreto legislativo que amplió las competencias del regulador energético español, aprobado de urgencia tras conocerse las intenciones del grupo alemán E.ON de hacerse con Endesa.

En rueda de prensa, el portavoz comunitario de Mercado Interior, Oliver Drewes, aclaró que la denuncia se presentará por los cauces habituales y que depende en exclusiva de la corte decidir los plazos de tramitación del caso.

Bruselas anunció hoy que ha decidido llevar a España ante el Tribunal de la UE al considerar que las nuevas competencias de la CNE -que le permitieron pronunciarse sobre la opa de E.ON sobre Endesa e imponerle condiciones- restringen injustificadamente la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento.

La Comisión no prevé, por el momento, solicitar a la corte la imposición de medidas cautelares, dijeron a EFE fuentes del Ejecutivo de la UE, pues aunque la aplicación del decreto puede repercutir en los movimientos empresariales en torno a Endesa, la preocupación principal de los servicios de Mercado Interior es que la legislación española se ajuste a la normativa comunitaria.

Fuentes del Tribunal incidieron en que tanto la tramitación acelerada como la imposición de medidas cautelares debe ser solicitada por una de las partes y evitaron especular sobre cuándo podría tener lugar la vista del caso.

Estas fuentes recordaron un caso similar, en que Bruselas denunció a España por la ley de 1999 (modificada en 2003) que limitaba los derechos de las inversiones de empresas estatales extranjeras en el sector español de la energía, lo que supondría una restricción a la libre circulación de capitales.

Esta denuncia se presentó en junio del 2006 y todavía no tiene un calendario público de tramitación. EFECOM

epn-adp/prb

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky