La fiscalía de la Audiencia Nacional investiga la posibilidad de que los hermanos Salazar hubieran organizado una trama delictiva en SOS. El objetivo de este fraude sería desviar 230 millones de euros del grupo alimentario a través de varias sociedades, algunas de ellas radicadas en Luxemburgo.
No fue sólo un desvío de fondos. El conflicto que mantienen los hermanos Salazar con SOS dio ayer un vuelco inesperado. La fiscalía de la Audiencia Nacional ha emitido un informe en el que admite la posibilidad de que Jesús y Jaime Salazar, destituidos de sus cargos de presidente y consejero delegado del grupo hace dos meses, pudieran haber organizado una trama delictiva durante su gestión al frente de la compañía, líder mundial del aceite con marcas como Carbonell, Koipe y Bertolli.
El fraude consistiría en el desvío de 230 millones a sociedades particulares, no sólo en España, sino también en Luxemburgo, donde hasta ahora está permitido el secreto bancario y en donde, por lo tanto, es más fácil la comisión de un posible fraude fiscal. El dinero se habría desviado a través de las sociedades Condor Plus, Aceites Cañaveral y Arve Investment, una firma con domicilio social en la capital luxemburguesa. De ahí, presuntamente, los Salazar lo habrían repartido entre las distintas sociedades patrimoniales de la familia.
El juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional admitió ayer a trámite la querella criminal interpuesta por el consejo de administración del grupo SOS, resaltando que podría haber implicadas un total de 24 sociedades y 8 personas físicas.
La red de presuntos estafadores, que podría alcanzar a Encarnación Salazar, antigua consejera del grupo, se amplía ya a otros miembros de la familia: María del Pilar, Luis Fernando y Roberto Salazar, ex director financiero; además de a dos colaboradores del clan y administradores también de varias de sus empresas, Pedro Barragán y Esteban Herrero. Este último era el director de Operaciones de la compañía, y fue despedido el jueves.
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