
Prienesur, la inmobiliaria de Cajasur que estuvo salpicada por el caso Malaya, puede costarle un quebradero de cabeza a los responsables de la entidad financiera cordobesa. El juzgado de primera instancia número 4 de Torremolinos (Málaga) ha admitido a trámite una demanda contra la compañía por impagos a una pyme por valor de 350.000 euros.
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Un juez investiga impagos en una inmobiliaria de Cajasur salpicada por Malaya
El caso se remonta al año 2007, cuando la empresa Andaluza de Salvamento, dedicada a trabajos de conservación, mantenimiento y reparación de obras, firmó un contrato con la inmobiliaria para realizar una serie de trabajos en el complejo Benalmádena Golf, de más de 1.500 viviendas, cientos de ellas todavía sin vender.
Miguel Pedraza, el propietario de la pyme, asegura "acordamos el pago mediante pagarés con vencimiento a 90 días desde la emisión de la factura, pero Prienesur, que no cumplió ningún plazo, no me abonó todo lo que debía y tuve que acabar cerrando y mandando a la calle a 40 personas".
Ante sus graves problemas financieros, derivados de los impagos, el empresario malagueño ha anunciado que iniciará una huelga de hambre el próximo día 22 de junio, en Ronda de los Tejares -sede principal de Cajasur- en Córdoba.
El pasado malayo
Cajasur participaba en Prienesur hasta el año 2006 a partes iguales con el promotor Rafael Gómez, imputado en la Operación Malaya. La entidad anunció el saneamiento de la empresa, que se llamaba entonces Arenal Sur 21, para su posterior venta. Los costes extraordinarios del plan se elevaron a 84 millones de euros, pero, según reconoce ahora, "la venta ha quedado congelada" ante la situación del mercado y la falta de ofertas.
Prienesur cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas de 28,8 millones de euros, y aunque la caja lo niega, en el sector cada vez hay más rumores sobre su delicada situación financiera.
Cajasur tiene, además, una fuerte dependencia del sector inmobiliario. A cierre del primer trimestre de 2009, el 44,51 por ciento del valor contable de las sociedades dependientes tenían relación con la actividad promotora, según reza un informe enviado por la caja a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).