El Día Mundial del Medioambiente tendrá hoy un claro protagonista: el Consejo de Seguridad Nuclear y su decisión sobre el futuro de la central de Garoña. El organismo tiene de plazo hasta las doce de la noche para tomar una decisión definitiva, lo que supone que el Gobierno no se pronunciará hasta después de las elecciones del 7-J, tal y como indicó ayer este diario.
Según fuentes consultadas, el consejo aprobará hoy la renovación de la licencia de la central por un plazo de diez años por una mayoría abrumadora, incluso se baraja el voto unánime de todos sus miembros, ya que los consejeros del PP y de CiU ya se han mostrado a favor y las posiciones de los representantes socialistas se están suavizando en las últimas horas.
Los consejeros del CSN cuentan además con el informe realizado por los servicios técnicos de la casa en el que se recomienda la ampliación de la licencia de la central por un periodo de diez años -tal y como se solicitaba- con algunas condiciones.
Invertir en seguridad
Según explicaron a este diario, entre las exigencias que se baraja imponer figuran la redundacia de cables del sistema eléctrico, duplicar varios sistemas de caldeado e invertir una parte de los beneficios en seguridad de la central. Es decir, condiciones fácilmente asumibles por Nuclenor, la empresa que gestiona la central.
Entre las propuestas que se han barajado figura también forzar a la central nuclear a que una vez cumpla los 40 años de vida útil tenga que abandonar el pool eléctrico, ya que se considera que la central ya está amortizada.
En medios nucleares se especulaba ayer en que el Consejo de Seguridad Nuclear no dé a conocer su informe definitivo hasta el lunes, una vez hayan pasado las Elecciones Europeas para no influir en los comicios en un asunto tan delicado como este.
El informe no es vinculante
En cumplimiento del programa de trabajo que el CSN detalló el pasado 16 de abril mediante nota informativa, el Pleno del Consejo ha revisado la observancia de las condiciones de la autorización actual y las instrucciones técnicas complementarias asociadas; la revisión periódica de la seguridad; el seguimiento de la instrucción técnica complementaria sobre la Normativa de Aplicación Condicionada, y el análisis del Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento presentado por la central, así como de la operación a largo plazo.
La decisión del Consejo, no obstante, no es vinculante para el Gobierno, que podría optar después por cualquier solución como reducir la autorización a dos años.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer que "respetemos los trámites", e insistió en que el Ejecutivo opta por "esperar" al informe del CSN.
Al mismo tiempo, el número dos en las elecciones europeas por el PSOE, Ramón Jáuregui, expresó su convicción de que el Gobierno de Zapatero podría conceder a la central de Garoña "una prórroga muy limitada" o el "cierre a plazo", después de que el Consejo se pronuncie en contra de su cierre.
Jáuregui consideró que el informe del CSN sobre las instalaciones, pendiente de hacerse público en las próximas horas, "no va a establecer ninguna causa de cierre" y, por tanto "va a dar el visto bueno a la prolongación técnica de la central".
Por este motivo, dedujo que la decisión sobre su futuro, finalmente, será "política" porque "si hubiera algún atisbo de inseguridad o recomendación técnica de cierre, el Gobierno lo adoptaría seguro".
A su juicio, el Ejecutivo puede barajar "varias alternativas", entre ellas "una relativamente probable" que sería "una prórroga a plazo". "O dicho de otra manera, un plazo de cierre más prolongado", puntualizó.
Dos escenarios abiertos
Fuentes consultadas por este diario aseguran que el Gobierno trabaja por el momento con los dos escenarios, ya que ambos son todavía probables y se tomará una decisión definitiva tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear.
Las eléctricas, por su parte, también están preparando su defensa. Tal y como adelantó elEconomista, los servicios jurídicos de Endesa y de Iberdrola están preparando un recurso por si el Gobierno decidiera finalmente optar por el cierre, en el que reclamarían el lucro cesante de esta central, que rondaría según los cálculos de la compañía los 1.300 millones de euros.
El CSN ha instado a Garoña a invertir 150 millones en los últimos años para mantener en perfecto estado la central.
