Madrid, 8 ene (EFECOM).- Portavoces de asociaciones de búlgaros y rumanos en España aseguraron hoy que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, se comprometió con ellos a solucionar los problemas de descoordinación y retrasos que se producen en las autorizaciones de trabajo y residencia de ambos colectivos.
Caldera recibió esta tarde a portavoces de varias asociaciones rumanas (FEDRON, AIPE, OBATALÁ, ASOCROM, FARON o ADERE) y búlgaras (GABRIELA, KUBRAT, AIBE BALCAN), con los que trató la moratoria de dos años (revisables el primero de ellos) que el Gobierno español ha impuesto a la libre circulación de trabajadores de ambos países, los cuales se integraron el pasado 1 de enero en la Unión Europea, lo que convierte a sus ciudadanos en comunitarios.
Tras la reunión, de unas dos horas, el presidente de FEDRON, Miguel Fonda, informó de que se han conseguido dos cosas del Ministerio: que exista diálogo con las organizaciones que les representan y el "compromiso político" del ministro de estudiar los retrasos que se produzcan en las autorizaciones.
Al respecto, Jesús Miguel Benito, de la Unión Hispano-Rumana de Alcalá de Henares, explicó a la prensa que debido a que la política de inmigración está dividida entre tres ministerios (Trabajo, Interior y Administraciones Públicas) se está registrando un "desfase" en las autorizaciones.
Todos los rumanos y búlgaros que quieran trabajar como autónomos en España (unos 400.000 irregulares) necesitan un Número de Identificación de Extranjero (NIE), que se obtiene a través de las comisarias, el cual les permite darse de alta en Hacienda y en la Seguridad Social y, por tanto, trabajar.
El problema es que se cita una vez al mes y se tarda en solucionar el expediente unos nueve meses, según Benito, que puso el ejemplo de Madrid, donde viven el 25 por ciento de esos rumanos y búlgaros, y donde hoy se cumplió ese trámite, el cual no se volverá a repetir hasta el 1 de febrero.
Como solución le han propuesto al ministro que, en las cartas que el Censo les está enviando desde diciembre a cada rumano y búlgaro se les incorpore ya un NIE.
Además, también le solicitaron que se aplique el silencio administrativo positivo a los tres meses, de tal forma que, si en ese plazo, no hay respuesta, al inmigrante se le conceda la residencia y el permiso de trabajo.
Al respecto, los portavoces explicaron que el ministro les respondió que la presentación física sirve para controlar la morosidad a la Seguridad Social y a Hacienda de las empresas que contratan a esos inmigrantes.
Mientras, denunciaron que las personas que ya fueron regularizadas y que están pendientes de renovación tienen que esperar unos cinco o seis meses para que se resuelva su solicitud de nuevo.
De las explicaciones que les dio Caldera sobre la moratoria, Fonda señaló como "importantes" dos medidas que están pendientes de aprobación en el Consejo de Ministros.
La primera es que para trabajar menos de 180 días no hará falta ni permiso de residencia, ni de trabajo, solamente una autorización que se podrá solicitar en origen o recabar en España.
La segunda es que podrán obtener permiso de trabajo y residencia las personas que tengan autorización de trabajo para un año o más. EFECOM
jmj/prb
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