La industria nuclear española no está dispuesta a permitir el cierre de Garoña. El próximo 5 de junio, el Consejo de Seguridad Nuclear tendrá que emitir su dictamen no vinculante sobre la situación de la central para seguir operando durante otros diez años. María Teresa Domínguez, presidenta del Foro Nuclear, cree que cerrar Garoña en plena crisis es un "atropello".
Las eléctricas temen que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, utilice el cierre de esta central como baza para la campaña electoral europea. Por este motivo, los equipos jurídicos preparan ya su artillería para defenderse por la vía legal, tal y como han indicado fuentes del sector.
Si finalmente el Gobierno decide cerrar la central, las compañías están dispuestas a reclamar el lucro cesante por las inversiones realizadas hasta el momento por Nuclenor -50% de propiedad de Endesa y otro 50% de Iberdrola-, a iniciativa del Consejo de Seguridad Nuclear y que ascenderían a 150 millones. Además, añaden, no existen criterios técnicos para optar por su cierre ya que el Consejo de Seguridad Nuclear ha instado en los últimos años a la empresa a realizar importantes inversiones en la central.
Según informan desde el sector, el concepto de vida útil de una central nuclear al que se agarra el Gobierno no existe en la legislación española, ya que en España no se limita los años que puede funcionar una central, sino que existe un sistema de licencias de operación renovables por periodo que habitualmente son de diez años.
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