PT acusa de parcialidad al regulador en la opa lanzada por Sonaecom

Lisboa, 21 dic (EFECOM).- Portugal Telecom (PT), participada en un 9,96 por ciento de su capital por la española Telefónica, acusó a la Autoridad de la Competencia (AdC) lusa de parcialidad en sus resoluciones sobre la opa de la que objeto por parte de Sonaecom.

La operadora lusa mostró su oposición a las resoluciones en un documento difundido hoy, después de que Sonaecom aceptase el pasado día 6 las condiciones que le impuso la AdC para poder llevar a cabo la opa que lanzó en febrero sobre PT por 10.700 millones de euros.

PT explica en el documento, en respuesta a la AdC por el segundo conjunto de condiciones que ésta exigió para permitir la operación, que se establecen precedentes "gravísimos" que abrirán las puertas a pedidos de impugnación en materia de competencia en futuros procesos.

La empresa participada por Telefónica señala que en el futuro las concentraciones empresariales que alcancen el 70 por ciento de la cuota de mercado en un determinado sector no serán prohibidas con tal de que no haya barreras a la entrada de una empresa competidora alternativa.

Además, matiza que una compañía con hasta el 70 por ciento de la cuota de mercado no será considerada dominante y que si ésta realiza prácticas discriminatorias en relación a un determinado competidor no será considerado como abuso por su posición de privilegio.

PT opinó que la AdC tiene una idea del mercado de las telecomunicaciones en Portugal y quiere aprovechar la opa de Sonaecom para ponerlo en práctica.

La AdC emitió el pasado día 5 un segundo proyecto -tras un primero sin consenso- de no oposición a la opa lanzada por Sonaecom sobre PT, después de que el 29 de noviembre la Autoridad Nacional de las Comunicaciones (Anacom) señalase que las condiciones exigidas a la empresa ofertante en la opa no cumplían los requisitos mínimos.

Las condiciones exigidas por la AdC -en el segundo conjunto de medidas- a la compañía de Paulo Azevedo implicará la venta por parte de Sonaecom de una de sus dos redes fijas (cobre o cable), lo que deberá llevarse a cabo en un plazo inferior a dos años y tras la aprobación del Gobierno.

Además, deberá vender las frecuencias de la red móvil en el plazo de meses.

La nueva compañía resultante, si finalmente sale adelante la opa, tendrá que devolver también las licencias de UMTS y GSM de una de las dos operadoras, no poniendo ser restituidas en ningún caso. EFECOM

arm/txr

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