Las televisiones privadas tienen motivos para frotarse las manos por la supresión de la publicidad en TVE. Si nada se tuerce hasta el viernes, las cadenas privadas pagarán un canon de 120 millones de euros anuales con destino a las arcas de la televisión pública estatal, pero a cambio se repartirán un botín cinco veces mayor: 600 millones de euros.
Es cierto que esta cantidad podría desviarse por los anunciantes a otros soportes publicitarios, aunque -en la práctica- los planificadores y agencias suelen tener muy claro que no sirve lo mismo un medio que otro para comunicar determinados mensajes promocionales.
Todas las miradas están pendientes del modelo de financiación del ente televisivo que decretará el Gobierno el próximo viernes, que contempla la imposición de un canon para los operadores de telecomunicaciones y televisiones comerciales a cambio de la supresión total de la publicidad en TVE.
Sin reacciones
Los canales comerciales parecen satisfechos por la propuesta del Gobierno, porque, de lo contrario, ya hubieran puesto el grito en el cielo a través de sus propios vehículos de comunicación.
La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, Uteca, se ha quedado muda al respecto y sólo ha abierto la boca para lanzar improperios a los anunciantes que les acusaban de oligopolio. Pero sobre el canon a favor de TVE no han dicho ni pío. Y no hablan porque todo lo que tenían que decir ya se lo han expuesto personalmente a María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno, en el encuentro que mantuvieron el pasado martes. Las cadenas privadas están satisfechas, ya que la medida les permitirá repartirse la parte del pastel comercial de la cadena pública.
A modo de contraprestación, los canales privados se verán obligados a tributar con un canon equivalente al 3% de sus ingresos brutos de explotación, un porcentaje por el que les salen las cuentas a los asociados de Uteca.
En la actualidad, las televisiones privadas ya invierten el 5% de sus ingresos brutos en producciones cinematográficas españolas, al mismo tiempo que destinan el 6% de su facturación bruta en las entidades de gestión de derechos. Fuentes de Uteca ya advirtieron días atrás que su sector no podría soportar cargas fiscales adicionales, por ningún concepto. Por el contrario, la cosa cambia radicalmente si lo que el Gobierno pretende es actuar sobre el referido 11% y distribuirlo de otra manera. Y eso es, más o menos, lo que tiene previsto anunciar el Ejecutivo.
Al término del próximo Consejo de Ministros, Fernández de la Vega explicará que el presupuesto anual de TVE ascenderá a 1.200 millones de euros. Para cuadrar las cuentas, a partir del verano sin el concurso de la publicidad, contribuirán a la causa los Presupuestos Generales del Estado con 550 millones de euros, lo que representa cerca del 50% de los gastos. Los operadores de telecomunicaciones aportarán 280 millones de euros, a través de un canon de nueva creación sobre el 0,9% de los ingresos brutos.
El fisco desviará los 250 millones que ingresaba por el impuesto del uso del espacio radioeléctrico a las cuentas de TVE (impuesto en el que también contribuyen los operadores de telecomunicaciones), mientras que los 120 millones restantes procederán del impuesto correspondiente al 3% de los ingresos de las televisiones.
Reunión con las 'telecos'
Fernández de la Vega convocó ayer de urgencia a los primeros ejecutivos de las compañías de telecomunicaciones para informarles sobre sus nuevas obligaciones fiscales. La vicepresidenta ya había dado explicaciones a los directivos de TVE y de las principales televisiones comerciales, pero no lo había hecho con las compañías de telecomunicaciones que ofrecen servicios de televisión.
En el encuentro con la vicepresidenta, los operadores rechazaron con rotundidad la tasa para financiar la televisión pública, al considerar que la medida es "dañina e injusta para un sector que afronta un gran esfuerzo inversor". También denunciaron la "grave contra- dicción que existe entre el discurso oficial de apoyo al sector y la realidad de las decisiones que se adoptan en sentido contrario", según informó ayer Redtel.
